El jueves 9 de junio de 2016 se recordará en la historia como el día donde concurrieron dos acontecimientos significativos en los centros de poder de la metrópoli  norteamericana y que inciden de forma dramática en el presente y futuro desarrollo de Puerto Rico.

En un mismo día dos ramas del poder metropolitano norteamericano, el Tribunal Supremo y el Congreso, con el apoyo formal y militante del Ejecutivo, tomaron decisiones definitivas que alteran el rumbo de las relaciones de subordinación política y económica de Puerto Rico con EE.UU. Ese día el Tribunal Supremo emitió su “Opinión” resolviendo el caso del Pueblo v. Sánchez Valle, et. al., donde establece, sin que quedase duda alguna, que la relación jurídica y política de Puerto Rico ante los EE.UU. es una de absoluta subordinación colonial. La decisión retrotrae el “estado de derecho” entre Puerto Rico y EE.UU. a las mismas circunstancias coloniales que estableció la Ley Jones hace casi un siglo (1917). La “Opinión” invalida toda la interpretación  jurídica promovida por los defensores del ELA durante 64 años, es decir, desenmascara “la farsa del ELA”. Como si fuera parte de un diseño, esa misma tarde del 9 de junio, la Cámara de Representantes federal, en votación bipartita absolutamente mayoritaria (297 a favor y 127 en contra), aprobó el Proyecto HR 5278 autorizando, entre otras disposiciones preocupantes, la creación de la Junta de Control Fiscal, estructura con poderes omnímodos que controlará la vida política y económica de Puerto Rico durante los próximos años. El HR 5278 se identificó con el título de “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” o PROMESA, una nueva vergüenza y deshonor colectivo durante el prevaleciente régimen colonial.

Tal como se anticipaba, el miércoles 29 de junio de 2016 el Senado federal también aprobó la “PROMESA” (con 68 votos a favor y 30 en contra) y el presidente Obama la convirtió en ley el jueves 30 de junio de 2016. Con esta ley arbitraria, antidemocrática y, sobre todo, tiránica, la gestión pública de Puerto Rico va a estar controlada de forma directa por un grupo de siete individuos extranjeros a nuestra realidad como Pueblo Latinoamericano, no electos, que no responden a ninguna estructura o instancia ejecutiva de gobierno (ni de aquí ni de allá), que en sesiones privadas (secretas) tomarán las decisiones sobre qué se hace y qué no se hace en la gestión de la administración del presupuesto gubernamental y sobre la toma de decisiones para el desarrollo económico de Puerto Rico. Administrarán un presupuesto constituido por los ingresos derivados de las contribuciones sobre el ingreso que generamos los puertorriqueños y las empresas que aquí operan, por los arbitrios de consumo, por las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y por otros renglones de pago de derechos, licencias, patentes que pagamos los puertorriqueños. Es decir, que determinarán qué se hace con el dinero que el Pueblo aporta para la gestión de la administración pública. Tomando como base los poderes y facultades que PROMESA le asigna a esa Junta espuria, es evidente que su misión y función primaria es estructurar los procedimientos para satisfacer las deudas públicas contraídas con los bonistas de Wall Street. Procedimientos imperiales y tiránicos, similares al escenario de 1916 donde los Marines norteamericanos invadieron la República Dominicana y por varios años tomaron control de las instituciones gubernamentales de ese país, en particular de la aduana, para cobrar deudas contraídas con inversionistas extranjeros. A Puerto Rico ahora envían una Junta que utilizará toda la estructura jurídica, política y policíaca, articulada por más de un siglo de su intervención colonial, para realizar gestiones de cobro a los mismos intereses financieros del capital norteamericano.

Las críticas y objeciones que se han articulado en oposición a PROMESA, tanto en Puerto Rico como en EE.UU., movieron al presidente Obama a indicar en un mensaje radiofónico, emitido el sábado 11 de junio, que tiene un compromiso para “que los puertorriqueños estén bien representados en ese proceso” y que “(S)iempre insistí que cualquier solución a esta crisis debe respetar los derechos democráticos del Pueblo de Puerto Rico”, según nos reseña José Delgado en El Nuevo Día en la edición del domingo 12 de junio. El contenido y la intención de PROMESA distan, marcadamente, del pensamiento que comunicó Obama. El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define el concepto promesa como “expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo”, y también como “augurio, indicio o señal que hace esperar algún bien”. Ese mismo diccionario define hipocresía como “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. En esa actitud hipócrita, Obama planteaba al firmar la ley que “Este proyecto no es perfecto, pero es un paso adelante clave hacia la recuperación económica y restablecer la esperanza a millones de estadounidenses que tienen en Puerto Rico su hogar” (“Consumada la aprobación del proyecto PROMESA”; José Delgado, ENDI 30 de junio de 2016) (énfasis suplido). Es decir, que para este presidente imperial no existe el ente puertorriqueño, no somos un País con identidad propia; somos, como sugiere la “Opinión” del “tribunal supremo” federal, un grupo humano con una organización social y cultural inferior a la de los indígenas nativos de EE.UU., sin derechos naturales incluyendo la soberanía política. Solo tendremos ‘dignidad’ si nos consideráramos estadounidenses como nos califica ese individuo que llaman presidente. ¡Se deben estar “revolcando” en sus tumbas todos nuestros Patriotas (Don Pedro Albizu Campos, Don Juan Antonio Corretjer, Doña Lolita Lebrón, para mencionar algunos)! Así planteado, PROMESA, Obama y el Congreso federal conforman una solemne hipocresía pretendiendo esconder o disimular en campañas mediáticas las verdaderas intenciones de esa Junta de Control Fiscal.

Lo que sí está claro es que la Junta es una realidad objetiva a la que habrá que enfrentarnos durante los próximos años. El Pueblo tendrá que organizarse para llevar a cabo acciones de resistencia a esta nueva funesta “promesa imperial” como un acto de legítima defensa ante la intención de imposición de un nuevo orden de control sobre nuestro Pueblo. La respuesta organizada a este nuevo orden imperial debe incluir, sin limitarse, la posibilidad de un boicot ejecutivo y legislativo a las acciones de la Junta, boicot al pago de contribuciones, actos de desobediencia civil, respuesta de no colaboración a las disposiciones de la ley, actividades de protesta pública y de denuncia internacional, y si trabajamos para alcanzar un nivel superior de organización social comunitario, el desarrollo de acciones concretas para generar actividades de producción y consumo de bienes y servicios nacionales en sustitución de las ofertas que hacen la empresas multinacionales norteamericanas (por ejemplo, de alimentos y de productos de consumo que marcadamente se importan).

Las circunstancias presentes y las que se anticipan durante los próximos años, me hiciceron recordar dos instancias históricas imperiales y coloniales. La primera es el Boston Tea Party ocurrida en Massachusetts el 16 de septiembre de 1773. En esa ocasión un grupo “amotinado” lanzó todo un cargamento de té al mar como parte de la indignación acumulada por la imposición imperial inglesa de entre otras, dos leyes que oprimían al entonces estado colonial estadounidense: el Stamp Act (Ley del Timbre) y la Touschend Act. Las imposiciones unilaterales y antidemocráticas que imponía el gobierno inglés sobre las colonias de ultramar dio paso, entre otras respuestas, a la creación de la organización “Hijos de la Libertad”. Esta organización de patriotas norteamericanos se articuló para defender los derechos de los colonos y para manifestarse contra los abusos del gobierno británico. La respuesta a la opresión articulada por los Hijos de la Libertad constituyeron una parte de los cimientos que dieron base a la revolución de las 13 colonias y al inicio de la Guerra de la Independencia de los EE.UU..

La otra instancia que me invoca la presente coyuntura de Puerto Rico es la llamada Marcha de la Sal que también se conoció como “Dandi March” llevada a cabo por Mahatma Gandhi en el 1930. La Marcha de la Sal fue uno de los actos de desobediencia civil más significativo que llevó a cabo Gandhi y que resultó fundamental para la eventual independencia de India del imperio inglés. Gandhi se propuso cuestionar el monopolio que ejercían los ingleses en la producción y distribución de la sal, artículo que se consideraba esencial para la conservación de carnes y alimentos, en particular de la población India más pobre pues se carecía de medios de refrigeración. Los ingleses monopolizaron la producción de la sal, impusieron un arbitrio al consumo de este bien y penalizaron la producción individual de sal que era una práctica histórica de las poblaciones de la India. Con 61 años de edad, el 12 de marzo de 1930, Gandhi inició esa marcha de 165 millas desde Sabamati hasta la ciudad de Dandi en el Océano Índico donde llegó el 6 de abril. Allí tomó agua de mar en un envase la cual, al evaporarse, dejó sal en el recipiente; esta práctica la emularon millones de indios. Decenas de miles de personas fueron encarceladas, incluyendo a Gandhi que pasó nueve meses en prisión. Pero, eventualmente, prevaleció la lucha contra este monopolio de la sal y esta iniciativa de boicot fue fundamental para consolidar la conciencia nacional de la India, a pesar de sus profundas y amplias divisiones culturales, sectarias y religiosas. Sobre la represión del gobierno imperial, Gandhi prevaleció y la lucha del pueblo eventualmente alcanzó la reivindicación de su soberanía nacional. La India logró su independencia.

La coyuntura de la presente crisis estructural que el sistema colonial nos impone como Pueblo, debe tener una respuesta contundente dirigida a lograr su superación definitiva mediante el reclamo y lucha militante para obtener nuestra soberanía nacional. PROMESA debe ser la última afrenta que el gobierno imperial estadounidense imponga unilateralmente a nuestro Pueblo. Evidentemente nuestra circunstancia y el momento histórico actual son diferentes a los que enfrentaron los Hijos de la Libertad durante el Boston Tea Party y los que enfrentó Gandhi con su Marcha de la Sal. Pero las circunstancias exigen y posibilitan una respuesta colectiva que corresponda con los medios y posibilidades que el presente nos ofrece. La clave parece estar en la articulación de una respuesta asertiva y coordinada, militante y patriótica para enfrentar esta nueva afrenta del poder político imperial que representa la Junta de Control Fiscal. Como el Té o como la Sal, esta Junta Imperial representa el peor rostro del capitalismo imperial estadounidense. Y lo podemos vencer, y lo debemos vencer, o nos hundiremos aún más como Pueblo en este estancamiento y denigrante condición colonial.

Fuente: Claridad