"El Estado Libre Asociado es un fantasma de tiempos ya concluidos. La única opción real es pactar un proceso descolonizador conducente a hacer de Puerto Rico una república independiente, soberana y sostenible".
Diez años de recesión remataron en la insolvencia del Gobierno de Puerto Rico y la quiebra de la economía del país. El drama boricua empezó antes que la crisis global que, en 2008, emergió en Wall Street, y ahora contribuye a hacer más transparente pero más implacable la situación de la isla. Para ser más exactos, ahora destapa el fracaso fiscal y económico del régimen colonial, tragedia en la que ese régimen ha atrapado a la nación puertorriqueña y hace imposible resolver el problema mientras el mismo subsista.
La situación, entre otras consecuencias, no solo disparó la pérdida de empleos y el deterioro de los ingresos personales, sino la mayor estampida migratoria que la isla haya sufrido y el colapso de sus instituciones. Por ejemplo, las familias quedan sin seguro de salud y los hospitales sin insumos, y solo en el año 2015 más de 3000 médicos abandonaron el país. Un efecto de ese colapso en el campo sanitario es la proliferación del virus del Zika que, a su vez, amenaza al turismo, rubro que aún funcionaba.
La deuda pública del Estado Libre Asociado pasa de 72 000 millones de dólares, según su Gobierno. Viene de que por más de una década ese Gobierno financió sus actividades contrayendo deudas, hasta agotar su crédito. Con una reacción demasiado tardía, ahora el Congreso de Washington ha creado una Junta de Control Fiscal para reestructurar esa deuda y reordenar la administración de la economía del país.
Los integrantes de la Junta serían nombrados por la Casa Blanca, y su prioridad será garantizar el pago de la deuda a los bonistas de Wall Street, incluso en detrimento de los servicios a la población de la isla.
Esta Junta tendrá la facultad de aprobar el presupuesto, la emisión de leyes y las inversiones en infraestructura por encima de los órganos y autoridades electos del Gobierno local y de la opinión pública boricua. Es decir, representa la intervención directa de Washington en el manejo de las funciones medulares del Gobierno puertorriqueño y la cancelación de su supuesta autonomía.
Esto exhibe al llamado Estado Libre Asociado (el ELA) como una farsa y hace ostensible la relación que de veras existe entre ambas partes.
Como observa el líder independentista Rubén Berríos, mientras el interés de Estados Unidos era multiplicar la dependencia y los préstamos para mantener esa colonia a flote, el ELA prevalecía. Pero ahora su prioridad es cobrar dichos préstamos.
Tarde y mal salen a despotricar contra la Junta los líderes y candidatos de los dos partidos tradicionales del sistema colonial, el autonomista Partido Popular Democrático (PPD) que busca mantener el estatus colonial del ELA como un territorio que pertenece a Estados Unidos sin ser parte de ese país; y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) que aboga por convertir a la isla en un estado de los Estados Unidos.
Ambos ven la Junta como un escollo, el primero porque reduce el Gobierno a un mero monigote pintado en la pared, y el segundo como un desvío que los aleja del propósito de ser parte de la Unión norteamericana.
Para decepción de los autonomistas del PPD, Washington no decidió sacarle las castañas del fuego al sistema endeudado sino tranquilizar a los acreedores. El discurso de que harán lobby por continuar siendo un ELA sin Junta pertenece a tiempos pasados.
Y por lo que se refiere a los anexionistas del PNP, integrar a Puerto Rico como nuevo estado de la Unión está muy lejos de interesarle a los norteamericanos. Sin importar cuánto pudieran votar los isleños por hacerse parte de Estados Unidos, ningún Gobierno ni congreso de Washington —ni la mayoría de sus electores— estarán dispuestos a admitir a una isla latina y quebrada en su Unión. Esa no es una alternativa que dependa de los electores boricuas, como tampoco dependería de los votantes mexicanos o los centroamericanos.
Trasnochadas mistificaciones. Como señala Berríos, la causa del problema no es la Junta sino el régimen colonial; rechazar la Junta es necesario pero eso dista de ser suficiente.
La cuestión radica en que la comedia política del ELA, cuya evolución lo ha convertido en tragedia, no cabe entre las opciones viables del Siglo XXI.
El Estado Libre Asociado es un fantasma de tiempos ya concluidos. La única opción real es pactar un proceso descolonizador conducente a hacer de Puerto Rico una república independiente, soberana y sostenible. Salida que, por otro lado, ya dejó de contradecir los intereses norteamericanos, y ayudará al Washington actual a resolver un problema que hoy solo puede agravarse.
Nils Castro es reconocido analista internacional.
Fuente: La Estrella de Panamá |