APPU denuncia que las intenciones del Gobernador de reestructurar desde sus cimientos la UPR son otro atentado a la autonomía universitaria.


La Asociación Puertorriqueña de  Profesores Universitarios (APPU) denuncia las expresiones del Gobernador en la prensa en donde menciona que “nombrará una Comisión Asesora de individuos” para “construir…desde sus cimientos, la UPR que todos queremos”. Sus expresiones atentan contra la autonomía universitaria y el mejor espíritu de democracia participativa.  Cualquier proyecto de enmienda a la ley universitaria debe surgir del seno de la comunidad universitaria, que se debata ampliamente, para que no obvie la diversidad de visiones que existen en la comunidad, y que no sea el resultado de la agenda de control por algún partido político o intereses externos afines al gobierno que desconocen la naturaleza de una universidad pública. La Universidad que los inversionistas políticos quieren, no es la que el país necesita.

Nos preguntamos si esos “individuos” que nombraría el Gobernador pertenecen a la comunidad universitaria o a los intereses político-corporativos ajenos a la misión de una universidad pública. Incluso si fueran miembros de la comunidad universitaria estarían participando en su carácter personal al no surgir de procesos deliberativos dentro de la comunidad universitaria. Esta propuesta no tiene futuro porque no va a resolver los grandes problemas por los que atraviesa la universidad, al contrario los profundiza aún más pues continúan privándonos de la autonomía necesaria para resolver las causas históricas de la crisis de la UPR. Por otro lado, los organismos de acreditación han señalado correctamente que la crisis universitaria no es académica, sino el producto de una mala administración de los miembros de la Junta de Síndicos nombrados por los gobernadores y sus intereses partidistas.

Como organización, la APPU tiene la solvencia moral para hacer estos señalamientos ante el gobierno actual porque hemos denunciado las políticas erróneas de gobiernos anteriores que han sumido a la universidad en esta crisis. Además, desde marzo del 2009, previendo la situación de crisis fiscal que se cernía sobre la universidad, le escribimos al Gobernador Fortuño demandando que los fondos ARRA se utilizaran para su propósito original: estabilizar los presupuestos gubernamentales para minimizar y evitar la reducción de servicios públicos esenciales y en educación (ver “State Fiscal Estabilization Fund”, March 7, 2009, U.S. Department of Education).

Los fundamentos del Gobernador para crear esta nueva ley universitaria son evidentemente político partidistas y buscan desviar la opinión pública para no asumir la responsabilidad del impacto de la Ley 7 sobre la fórmula que sustenta las finanzas de la Universidad, así como la intervención directa en ésta mediante altos funcionarios de su gobierno que imponen los intereses del Banco Gubernamental de Fomento sobre los de la comunidad universitaria.

13 enero 2011 – San Juan, PR

Contacto: Prof. María Gisela Rosado Almedina

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
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