El Comité de Descolonización de la ONU aprobó una resolución en la que califica de "subordinación" la relación política entre EEUU y Puerto Rico.

El Comité de Descolonización de la ONU aprobó hoy por consenso una resolución en la que, por primera vez, califica de "subordinación" la relación política entre EE UU y Puerto Rico y pide las excarcelaciones de Oscar López, por razones humanitarias, y de Norberto González.

El principal objetivo es lograr que la Asamblea General de la ONU retome el caso político puertorriqueño, 60 años después de que técnicamente sacara a Puerto Rico del listado de territorios sin gobierno propio al excluir al Gobierno de Estados Unidos de la obligación de rendir informes sobre la situación de la Isla.

Los 6 puntos de análisis, según José A. Delgado, de El Nuevo Día:

1. Oscar López Rivera - Las denuncias sobre su excesiva condena, que se ha extendido por más de 32 años, se ha convertido en un asunto de unidad y consenso entre los sectores políticos puertorriqueños. Muchos de los ponentes – de todas las ideologías- hacen hoy alusión a su caso. “No acceder a los reclamos de libertad para Oscar, que de manera democrática y respetuosa, pero firme, hacen los puertorriqueños, sería un acto de tiranía que no puede permitirse. Mientras más se prolongue el encierro injusto e inhumano  que se somete sobre Oscar López, más se perpetua el descredito de la política de derechos humanos de Estados Unidos en el mundo, particularmente en el entorno latinoamericano a que pertenece Puerto Rico”, indicó en su ponencia el presidente del Comité Pro Derechos Humanos, Eduardo Villanueva.

2. Asamblea Constitucional de Status – Catorce funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD) – entre ellos el representante Luis Vega Ramos y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz – indicaron que no es incompatible con el plan de status del presidente Barack Obama la convocatoria a la Asamblea Constitucional de Status. “La situación económica y social de Puerto Rico requiere organizar de manera responsable y diligente el asunto de nuestra autodeterminación para que procesalmente no conflija con los esfuerzos de recuperación y para que sustantivamente acelere las ventajas que la resolución del tema traerá. No hay contradicción entre luchar por mejoras socioeconómicas hoy y, simultáneamente, propiciar la autodeterminación”, indicaron los funcionarios electos del PPD, entre ellos alcaldes y senadores.

Para el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, “dicha Asamblea Constitucional seguramente tampoco podrá darse en las circunstancias procesales ideales que pauta el derecho internacional pero ello no puede ser impedimento para que los que creemos en la descolonización usemos ese mecanismo – o cualquier otro que pueda resultar conveniente – para precisamente tratar de forzar a Estados Unidos a un proceso de descolonización”.

3. Vieques – Diez años después del cierre oficial del polígono de tiro de la Marina de Guerra de Vieques, las autoridades del gobierno de Puerto Rico, los grupos ambientalistas y, sobre todo, los viequenses, siguen insatisfechos con la lentitud y la rigurosidad del trabajo de descontaminación y limpieza de los antiguos terrenos militares en la Isla Nena.

4. Pena de muerte – En momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su intento de lograr una condena de pena de muerte en Puerto Rico, diversos grupos denuncian los esfuerzos de la fiscalía federal, que chocan con la Constitución puertorriqueña.

5. El voto de la diáspora – “Nuestra nación, como muchas otras alrededor del mundo, cuenta con una comunidad cuantiosa que reside en el exterior de los límites geográficos del archipiélago antillano, pero no por ello los no residentes han abandonado su interés por los asuntos de Puerto Rico. Es antipatriótico y anti puertorriqueño negarle a la diáspora su derecho al ejercicio a la autodeterminación”, indicó el portavoz de Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), Manuel Rivera.

6. Santiago Mari Pesquera - El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH)  informó de que desde enero de 2011 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informó de que una orden ejecutiva federal de 1976 prohíbe revelar información sobre el asesinato de Mari Pesquera, ocurrido el 24 de marzo de ese año - cuando tenía 23 años-,  e hijo del fallecido líder socialista Juan Mari Brás. “Desde estas vistas del Comité de Descolonización, le requerimos al presidente Barack Obama que levante esta prohibición de inmediato y ordene a la CIA, al FBI y a todas las agencias policíacas del imperio que entreguen toda la información relacionada al asesinato de Santiago Mari Pesquera”, señaló el copresidente del MINH, Héctor Pesquera.