A mediados del pasado siglo la diplomacia estadounidense se anotó uno de sus mayores triunfos. Hizo creer al mundo que Puerto Rico había dejado de ser una colonia para transformarse en un ente extraño al que nombraron “Estado Libre Asociado (ELA)”. Se dijo entonces que la isla después de alcanzar plenamente su autonomía decidió suscribir con su antigua metrópolis un pacto libremente convenido entre iguales.

En su momento el engendro fue presentado como punto de referencia, como modelo a seguir por otros. El territorio fue invadido por capitales norteños que se beneficiaron de privilegios y exenciones impositivas y exhibió índices de crecimiento notables. Se hablaba incluso del “milagro” económico puertorriqueño.

La realidad profunda iba por otros caminos. Las producciones autóctonas -la agricultura, la industria, los servicios- fueron aplastadas por las del poderoso “socio”. Para muchos emigrar a Estados Unidos fue la única salida mientras su tierra se extranjerizaba sin remedio. El incesante éxodo muestra cifras elocuentes, quedan en la isla alrededor de 3 millones de habitantes mientras ya son 5 millones los que malviven en la Norteamérica que los discrimina y desprecia.

Para imponer ese modelo Washington persiguió con saña a los nacionalistas e independentistas. La “vitrina democrática” negaba al pueblo su derecho inalienable a la libertad y para ello recurrió a todos los métodos entre los que no faltó la violencia represiva

Los patriotas no cesaron nunca en su lucha por la independencia y se empeñaron por desenmascarar la farsa colonial y alcanzar la indispensable solidaridad internacional. Lo hicieron con tenacidad admirable en la Organización de Naciones Unidas desde que la ONU, en 1960, proclamó el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación e independencia. Consiguieron desde 1973 que el Comité de Descolonización favoreciera su reclamo año tras año.

Entretanto el diseño económico del ELA entró en una crisis cada vez más profunda y encara hoy la bancarrota y la insolvencia. Las autoridades locales -el Gobernador y la Asamblea Legislativa- trataron de encontrar soluciones imaginando que tenían potestad para hacerlo y que podrían contar con el apoyo de quien se suponía era su “socio”.

La verdad, sin embargo, se impuso de modo sorprendente y brutal. En pocos días, casi al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso Federal y el Presidente Obama lo dijeron alto y claro para que todos lo entiendan: Puerto Rico carece de soberanía propia, no es más que un territorio colonial y está completamente sometido a las decisiones de su dueño. Y para que nadie se confunda promulgaron una ley creando la Junta de Control Fiscal. Sus siete miembros, designados por Washington, se encargarán de administrar y dirigir la colonia.

La indignación generalizada estalló con fuerza este verano en la sesión del Comité de la ONU. Allá fueron decenas de representantes de todas las tendencias y todos los sectores de la sociedad incluyendo al Gobernador García Padilla.

El Comité además de aprobar una vez más la Resolución que sostiene el derecho a la independencia de Puerto Rico, dio un paso adelante y por unanimidad decidió encargar a su Presidente que promueva un diálogo entre Washington y los boricuas para lograr la descolonización de la isla. De ese modo se ofrece una salida constructiva que Obama debería aprovechar. Habiendo reconocido que engañó al mundo y que Puerto Rico es aun la principal colonia del planeta, Estados Unidos tiene la obligación ineludible de poner fin a una situación violatoria del Derecho Internacional que ha durado ya demasiado tiempo.