El Departamento de  Estado  y  su  agencia  de desestabilización USAID proyectan gastar unos 30 millones más para sus operaciones injerencistas orientadas a convertir a Internet en instrumento de penetración e inteligencia en territorio nacional cubano.

Lo confirma el sitio web Cuba Money Project del periodista e investigador norteamericano Tracey Eaton al publicar un documento fechado del 11 de enero último de esta agencia identificada a los servicios especiales norteamericanos que revela como se solicita “ideas” de ONGs y empresas especializadas, interesadas en desarrollar proyectos relacionados al uso de Internet “en Cuba y otras naciones”.

El documento fue publicado en víspera del juicio en La Habana del norteamericano Alan Philip Gross, contratista de la USAID, luego condenado por sus actividades ilegales.

El 7 de febrero era la fecha tope para la presentación de programas.

“El Departamento de Estado no ha precisado -y sin dudas no lo hará - cuales serán las organizaciones que realizarán estos proyectos”, escribe Eaton, un ex corresponsal de diario tejano en La Habana,

Subsidios de medio millón de dólares hasta 8 millones son disponibles para estos proyectos con un total que pudiera alcanzar los 30 millones, específica el estudio.

Más aún, el dinero proviene del presupuesto federal de 2010 y no del siguiente.

El Departamento de Estado, en una precisión que parece referirse directamente al caso Gross o a operaciones anteriores de inteligencia, detalla que las organizaciones elijables tienen que “poseer experiencia de trabajo en ámbitos Internet agudamente hostiles”.

La punta de lanza de estas operaciones llamada “web-based circumvention technology” es específicamente destinada a evitar e engañar los habituales sistemas de detección (“firewalls” y filtros) usados para detectar las múltiples formas de uso ilícito de la red de redes, según las legislaciones de cada país.

La estrategia incluye un “programa de entrenamiento” que comporta el desarrollo de una “red de instructores” que realizarán operaciones con “organizaciones bajo amenazas”, leer: organizaciones que operan de manera ilegal.

Las organizaciones y empresas invitadas a someter propuestas deben poder “entrenar”, precisa la solicitud de ofertas, a “blogueros, ciudadanos-periodistas y organizaciones de la sociedad civil” y promocionar el uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones de persona a persona y de “redes sociales”.

El programa prevé hasta un fondo de “defensa” de activistas con problemas legales en casos de “hacking” y de “cyber intrusión”.

Además de Cuba, la solicitud de propuesta hace referencias a China, Birmania, Irán, Rusia y Venezuela, todos países que se niegan a someterse al dominio imperial de Estados Unidos, siempre con la habitual retórica de la “ayuda” a “activistas digitales”, la conocida estrategia de reclutamiento de agentes e informantes desarrollada por el aparato inteligencia de Estados Unidos.

Este documento corresponde integralmente a lo que expresó recientemente en una revista especializada, la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton, comenta Tracey Eaton en su reveladora investigación.