Departamento de Justicia federal acusa a los agentes policiacos de abusadores y violadores de los derechos civiles.

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WASHINGTON – En un informe de 116 páginas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población y creado una crisis de derechos civiles en la Isla.

Después de cuatro años de una investigación que se intensificó durante el gobierno de Luis Fortuño, Justicia federal determinó que la Policía de Puerto Rico ha mantenido un patrón de uso excesivo de la fuerza, supresión de los derechos de libre expresión y registros irrazonables.

“Algunos funcionarios de Puerto Rico dicen que el tráfico de drogas y el deterioro social han elevado los crímenes violentos. Sin embargo, el aumento en la delincuencia no puede utilizarse para justificar las continuas violaciones de derechos civiles o la falla en implantar reformas significativas”, indica el informe divulgado oficialmente esta mañana por el jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, Thomas Pérez.

Las violaciones incluyen el asesinato en 2007 de Miguel Cáceres a manos de la Policía de Puerto Rico, abusos en contra de la comunidad dominicana, la represión de junio de 2010 frente al Capitolio de estudiantes y trabajadores y las denuncias de abusos en contra de residentes de la comunidad Villa del Sol.

También advierte que “el grado de corrupción policial y conducta indebida” dentro de la Policía de Puerto Rico contribuye a la inseguridad ciudadana y a la “crisis de derechos civiles” en la Isla.

“Más oficiales de la Policía de Puerto Rico estuvieron involucrados en actividades criminales que en ninguna otra agencia del orden público en el país (Estados Unidos)”, agrega el informe, divulgado primero por el diario The New York Times.

“Existe evidencia alarmante de que la Policía de Puerto Rico falla frecuentemente en atender crímenes sexuales e incidentes de violencia doméstica, y que ejerce prácticas policiacas discriminatorias contra personas de origen dominicano. En este momento, no hacemos un hallazgo formal sobre una violación de patrón y práctica en estas áreas, en parte porque la Policía de Puerto Rico no recopila la información necesaria para poder evaluar estos asuntos”, indicó el secretario adjunto Pérez.

La investigación de Justicia federal fue solicitada desde 2007 por la American Civil Liberties Union (ACLU).  En mayo pasado, la ACLU celebró audiencias en Puerto Rico para conocer sobre el terreno las quejas de ciudadanos y grupos que han sido víctimas de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Los investigadores de Justicia federal – que incluyeron ex agentes policiales de otras jurisdicciones – entrevistaron a víctimas, funcionarios del gobierno e incluso hicieron rondas con patrullas policiales.

Para Justicia federal, las violaciones de derechos civiles se fundamentan en una cultura que alcanza “todos los niveles” de la estructura policial.

La presencia del gobernador Fortuño esta mañana en la presentación del informe que hará en San Juan el secretario adjunto Pérez, quien es de origen dominicano, supone que el Gobierno de Puerto Rico, en vez de litigar las conclusiones de Justicia federal, aceptará las denuncias que se le hacen.

“La Policía de Puerto Rico está viciada en varios aspectos críticos. Los problemas son amplios y profundamente arraigados, y han creado una crisis de confianza la cual hace extremadamente difícil que relaciones entre la policía y la comunidad florezcan, piedra angular de un sistema de orden publico efectivo”, indicó Perez, quien confía en que  “nuestros hallazgos" ayuden "a restaurar la confianza de la comunidad en un manejo de orden público justo, imparcial y efectivo”.