La Policía de Puerto Rico ha adelantado que estarán escoltando varios camiones de cenizas hasta el viernes 14 de julio. En los días 11 y 12 de julio de 2017, en Tallaboa-Encarnación se llevó a cabo un operativo militar por parte de Fortaleza.

Mientras se despiden sobre 2,000 empleadxs, se contempla una reducción laboral en el Departamento de Educación y el gobierno está en quiebra, se utilizaron miles de dólares para favorecer los intereses de la compañía Applied Energy Systems (AES). Mediante el uso de fuerza desmedida, arrestaron e hirieron a varias personas de la comunidad para depositar las cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de Peñuelas, a pesar de la opinión pública y las ordenanzas municipales que prohíben esta práctica. Luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston fallara a favor de la AES, y fuera por encima de las autoridades y comunidades puertorriqueñas, el gobernador firmó el PS-81, un proyecto que fue presentado como alternativa para detener el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico. No obstante, este proyecto fue enmendado de manera tal que permite el almacenamiento de cenizas de carbón con un “uso beneficioso comercial”.

Luego de dos semanas de alta tensión en Peñuelas, donde se rumoraba que la carbonera planificaba un operativo para depositar forzosamente las cenizas, se realizó uno de los atropellos más salvajes presenciados hasta el momento. La Policía de Puerto Rico arremetió contra la comunidad movilizando alrededor de 400 policías (entre los cuales se encontraban oficiales de la fuerza de choque, la unidad de arrestos especiales y el SWAT); activando la unidad aérea para mayor visibilidad; obstruyendo todas las entradas a la comunidad para aislar a lxs manifestantes; intimidando con macanas y escopetas de gases lacrimógenos en mano, y arrestando a varios manifestantes.

Debido al uso desmedido de fuerza y la coordinación de este suceso, a manos de la superintendente de la policía, Michelle Hernández, y el actual secretario del Departamento de Seguridad, Héctor Pesquera, esto se trata de un operativo militar que atropella e intimida a una comunidad que ha sido el vertedero de los grandes intereses económicos que se aprovechan de los recursos de nuestro país: desde la industria petroquímica en la década de los 70, los vertederos clandestinos, la quema de gomas, el gasoducto del sur, y actualmente las cenizas de carbón. “El actual secretario de asuntos públicos y política pública, Ramón Rosario Cortés, además de tener vínculos con el PNP, fue abogado de EC Waste, la compañía propietaria del vertedero donde se depositan las cenizas. Por este claro conflicto de interés y corrupción, recae en nosotros y nosotras las puertorriqueñas hacer valer nuestra voluntad y defender nuestra salud y medio ambiente”, enfatizó el compañero Bryan Class Candelaria de la Juventud Hostosiana. “Los eventos de los pasados dos días dejan al descubierto que el único interés del gobierno es el dinero, no nuestro bienestar y demuestran la necesidad de luchar. Mientras más personas salgamos a la calle, más fuerza tendrá nuestro reclamo”, añadió.

Tallaboa ha sido reconocida como la Tierra de Valientes por la gran cultura de resistencia que han desarrollado a través de varias décadas de lucha contra abusos del sector privado, que han atentado contra su salud y el medio ambiente. Condenamos al gobierno por servirle descaradamente a la compañía AES, abusando de sus poderes contra una comunidad marginada que ha sufrido las consecuencias de la desigualdad social y abuso de la confianza. Por estas acciones es que debemos ser nosotrxs quienes hagamos valer lxs derechos del pueblo puertorriqueño y el medioambiente, no el gobierno corrupto.