Como bien hemos visto en las redes sociales y en la poca prensa responsable, en los días 11 y 12 de julio en Tallaboa Encarnación, se llevó a cabo un operativo militar por parte de Fortaleza para favorecer los intereses de Energy Applied System (AES), obligando a la fuerza el depósito de cenizas tóxicas de carbón en el vertedero de la comunidad de Peñuelas.

Luego que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston determinó por encima de las autoridades y comunidades puertorriqueñas, para favorecer a la AES, el gobernador firmó el PS-81 que permite el uso comercial de las cenizas de carbón, quedando invalidada la ordenanza municipal que protegía a las comunidades de ésta, dando paso a la violencia institucional para ejecutar el depósito de las cenizas.

Después de dos semanas de tensión que se vivieron en Peñuelas, donde se rumoraba que la carbonera se tramaba un operativo para depositar forzosamente las cenizas, acudieron a uno de los atropellos más salvajes que hemos podido presenciar la Policía de Puerto Rico arremetió contra la comunidad.

Movilizaron alrededor de 700 policías, volaban con helicóptero para alumbrar el camino a los camiones, taparon todas las entradas a la comunidad para que ella no pudiese defenderse, con macanas y escopetas de gases lacrimógenos en las manos y conllevando arrestos e intimidación a toda persona quien se opusiera.

Esto se trata de un operativo militar para atropellar a una comunidad que ha sido el vertedero para todos los grandes intereses económicos que quieren aprovecharse de nuestro país. Por esto es que Tallaboa ha sido reconocida como la Tierra de Valientes, y esto se debe a la gran cultura de resistencia a la que han tenido que obligatoriamente hacer para su supervivencia. Porque han sido el pueblo que ha recibido la gran mayoría de atropellos industriales, destruyendo cuevas, playas, comunidades y la salud de la gente humilde de esta región. Desde la petroquímica, vertederos clandestinos, quema de gomas, el gasoducto del sur, hasta hoy con las cenizas de carbón.

Es por esto, que condenamos al gobierno por servirle descaradamente a la AES, abusando de sus poderes contra una comunidad marginada que ha sufrido las consecuencias de la desigualdad social y contra la humildad del pueblo puertorriqueño, quien creyó en el fin de las cenizas al firmar esta ley. Por estas acciones es que debemos ser nosotras y nosotros quienes tenemos que hacer posible nuestra voluntad para que la dignidad de Tallaboa y todas las comunidades que sufren los atropellos de la desigualdad, sea respetada.