Durante los pasados meses hemos presenciado cómo la agudización de la crisis política, económica y social en Puerto Rico, ha generado diversas movilizaciones que incluyen repudios, denuncias y reclamos de diversos sectores sociales en el país entre los cuales se destacan la auditoría ciudadana e integral de la deuda y la defensa de una educación pública, accesible y de calidad.

“A nuevas situaciones, nuevas soluciones”

César Andreu Iglesias

Introducción

Durante los pasados meses hemos presenciado cómo la agudización de la crisis política, económica y social en Puerto Rico, ha generado diversas movilizaciones que incluyen repudios, denuncias y reclamos de diversos sectores sociales en el país entre los cuales se destacan la auditoría ciudadana e integral de la deuda y la defensa de una educación pública, accesible y de calidad. Ciertamente, esta “crisis” en la que unas pocas manos se sirven con la cuchara grande, ha tenido como respuesta acciones represivas por parte del Estado; las cuales rayan en la persecución política, primordialmente contra el liderato estudiantil de la UPR. Esta situación se agrava con la presentación de cargos contra 7 estudiantes que día a día dedican su vida a la lucha por la defensa de una educación pública, accesible y de calidad. Una vez más el sistema judicial perpetúa la represión y persecución contra aquellas personas que sueñan y construyen un país distinto. Como si fuera poco en el Senado y la Cámara de Representantes, se repartieron la papa caliente y aprobaron las enmiendas al Código Penal que sin lugar a dudas significa un retroceso de más de 60 años respecto a derechos sociales como el ejercicio de la libertad de expresión y asociación. Esta medida es un intento de criminalización de la protesta y a su vez un mecanismo para intentar desmovilizar al país y contener la oposición a las medidas de austeridad; las cuales tienen como objetivo facilitar el cobro de los bonistas. Estos buitres colocan el presente y futuro del país en las manos mezquinas de una Junta de Control fiscal antidemocrática, dictatorial, neoliberal y colonial. Hay que destacar que no es la primera vez que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), utiliza los mecanismos represivos que tiene a su alcance para silenciar los reclamos de la comunidad estudiantil y otros sectores sociales. Lógicamente, se nota que el temor cambió de bando y el liderato PNP intenta ejercer presión a la Rama Judicial, para mantener sus intereses de clase y la imposición del plan de austeridad elaborado en complicidad con la Junta de Control Fiscal.

La colonia al desnudo

Desde el momento mismo de la invasión el 25 de julio de 1898 (casi 119 años atrás) el imperialismo estadounidense ha ejercido la soberanía sobre nuestra patria; la que le fue cedida en el Tratado de París. Lo llamamos imperialismo porque de eso se trata, los países imperialistas son los que dominan otras tierras, comunidades y pueblos usando el poder militar y económico (Elías Rodríguez, 2017). Durante el año 2016, las tres ramas de gobierno en Estados Unidos tiraron por la borda la farsa del Estado Libre Asociado (ELA). Por un lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso Pueblo vs Sánchez Valle con las siguientes expresiones: “Aunque Puerto Rico ejerce autoridad local significativa, con gran beneficio para su gente y para los Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional". Para terminar de rematar el asunto, Donald B. Verilli, procurador general de Estados Unidos, en ese caso como amigo de la corte argumentó: “Puerto Rico no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos”. Como si fuera poco durante el mes de junio de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA, ejerciendo con total mezquindad la Claúsula Territorial de la Constitución de Estados Unidos; imponiendo así una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, la cual tiene poderes absolutos y supremos por encima de la constitución de Puerto Rico y cualquier reglamento, norma o legislación del gobierno territorial. De la forma más antidemocrática y humillante, es evidente la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos.

A estos efectos, para visibilizar las limitaciones e implicaciones de la situación colonial, Pérez Soler (2016), explica a manera de síntesis la denuncia de Vicente Géigel Polanco en el año 1951 contra la Ley 600; este explicaba como esta legislación no alteraba la condición política de Puerto Rico y a su vez enumeraba como quedarían constituidas las relaciones económicas y políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, denunciando el carácter colonial del ELA:

1.    “Que Estados Unidos ejerce y seguirá ejerciendo soberanía sobre Puerto Rico, en virtud de la cesión que consagró el Tratado de Paris de 10 de diciembre de 1898.
2.    Que Puerto Rico es y seguirá siendo una posesión territorial de Estados Unidos, según se expresa en la sección de la Ley Jones, que pasará a ser también la sección 1 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.
3.    Que Estados Unidos tiene y seguirá teniendo plenos poderes sobre el territorito de Puerto Rico bajo los términos del inciso 2, sección 3 del artículo IV de la Constitución Federal que faculta al Congreso para disponer de los territorios pertenecientes a Estados Unidos y dictar en cuanto a ellos las leyes, reglas y reglamentos que considere necesario.
4.    Que Puerto Rico seguirá sujeto a las leyes y tarifas de Estados Unidos en sus relaciones comerciales con países extranjeros, quedando todas las importaciones que haga la Isla de tales países sujetas al pago de derechos de aduana que imponen las referidas leyes de tarifas en cuya redacción y aprobación no ha intervenido ni podrá intervenir el pueblo de Puerto Rico.
5.    Que Puerto Rico no podrá negociar tratados de comercio con países extranjeros.
6.    Que Puerto Rico está y seguirá sujeto a las leyes de cabotaje de Estados Unidos, que significa que está y seguirá obligado a usar barcos de matrícula norteamericana en sus relaciones comerciales con Estados Unidos.
7.    Que continuará la presente relación de comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, en virtud de la cual la mercancía de Estados Unidos entrará libre de derechos en Puerto Rico, y la de Puerto Rico, a su vez, libre de derechos en Estados Unidos.
8.    Que los habitantes naturales de Puerto Rico seguirán siendo ciudadanos de Estados Unidos.
9.    Que los ingresos por concepto de arbitrio federales sobre artículos producidos en Puerto Rico que entren a mercado de Estados Unidos, tales como ron, cigarrillos, etc.,, y los ingresos de aduana sobre mercancía importada por Puerto Rico, se seguirá devolviendo al Tesoro de Puerto Rico.
10.    Que la industria azucarera de Puerto Rico seguirá sujeta al sistema de cuotas fijado por el Congreso de Estados Unidos, quedando así limitado por la acción congresional la capacidad de producción de nuestro pueblo y sus industrias básicas.
11.    Que el refinado de azúcar en Puerto Rico quedará igualmente sujeto a la exigua cuota, que fija ahora bajo la Ley Azucarera del Congreso de Estados Unidos, quedando así la Isla impedida de refinar todo su azúcar.
12.    Que Puerto Rico seguirá sujeto a numerosas leyes del Congreso de Estados Unidos, tales como la Ley Federal de Horas y Salarios, las leyes que proveen ayuda económica a los estados y territorios para fines educativos, de fomento agrícola, protección de la salud, construcción de puertos y carreteras, etc.
13.    Que en Puerto Rico seguirá funcionando la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte Federal) con su actual jurisdicción.
14.    Que todas las diligencias judiciales en Puerto Rico se harán a nombre de Estados Unidos de América.
15.    Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema judicial de Estados Unidos, en el sentido de que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo no serán finales, sino revisables por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Supremo de Estados Unidos conforme a las leyes federales.
16.    Que todos los funcionarios en Puerto Rico deberán ser ciudadanos de Estados Unidos y antes de entrar en el desempeño de sus respectivas funciones, presentaran juramento de sostener la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.
17.    Que el Pueblo de Puerto Rico seguirá eligiendo cada cuatro años un Comisionado Residente, sin voz ni voto, quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por todos los Departamento del Gobierno de Puerto Rico.
18.    Que Puerto Rico seguirá sujeto al sistema monetario y postal de Estados Unidos”.

El coloniaje ha tenido consecuencias desastrosas para la economía, el ambiente y nuestra gente. Los altos costos que se imponen al país bajo la obligación de tener que transportar la mercancía en barcos norteamericanos según dispone las Leyes de Cabotaje, los cuales se estiman sobrepasan los $500 millones anuales, la contaminación generada en el Bosque Toro Negro y el Yunque con el uso de agente naranja, la crisis ambiental, la alta incidencia de cáncer, asma y otras enfermedades en el municipio de Vieques generada por las prácticas militares de la Marina estadounidense; la esterilización forzosa a la cual fueron sometidas miles de mujeres puertorriqueñas durante la década de los años 40; la emigración masiva, la persecución política y los asesinatos impunes son solo algunas de las nefastas situaciones producto de esta situación colonial. Sin dudas, en este momento histórico es necesario reafirmar que la crisis política es la condición colonial y por tanto, la deuda es ilegal. De ahí, también la importancia de articular e implementar una respuesta política. Cualquier alternativa a construir e implementar para continuar con el régimen colonial y pagar la deuda odiosa, está automáticamente descalificada. La auditoría de la deuda y la descolonización son dos reclamos necesarios e impostergables.

El meollo político, económico y social se recrudece

En Puerto Rico, se vive una depresión económica desde al año 2006, la cual ha continuado erosionando el sistema político-económico y a su vez el orden social impuesto en el país. Esto ha conllevado la pérdida en el valor de la producción reduciéndose en más de un 14% del valor del 2006. Ha representado la pérdida acumulada de riqueza mayor de los $85 mil millones de dólares (del 2016) en los bienes y servicios no producidos (Elías Rodríguez, 2017). Para el año 2015, el  46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban bajo nivel de pobreza. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ), el 52% de los jóvenes de 16 a 24 años vive bajo los niveles de pobreza. También más de 700,000 niños puertorriqueños se encuentran sujetos a condiciones de pobreza extrema; esta realidad se torna mucho más compleja cuando las madres o padres carecen de un trabajo estable. A su vez, la tasa de desempleo promedia de un 12.2% con una tasa de participación laboral de un 40.6% según los informes del Departamento del Trabajo para enero del 2017 (Santiago, 2017). Este es solo un panorama general de cómo están viviendo la “crisis”, aquellos sectores sociales que no la crearon. Mientras esto sucede, los Rosselló, Oneill, Rivera Shatz; Santini, Hernández Colón, los bancos y la Junta de Control Fiscal entre otras tantas caricaturas de la corrupción en este país, continúan repartiéndose el bacalao junto con los bonistas y sus cabilderos. Ciertamente, a esta lista hay que sumar los más de 35,000 millones anuales que se esfuman del país a través de multinacionales norteamericanas como Walgreens, Walmart, Monsanto entre otras tantas compañías que se benefician del mantengo corporativo mediante subsidios y exenciones contributivas otorgados por el gobierno. Las millonarias empresas Monsanto, Pioneer Hi Bred y otras nueve multinacionales que producen semillas transgénicas e hibridas se beneficiaron con más de $519.7 millones en fondos públicos de Puerto Rico durante los últimos 10 años fiscales (Martínez, 2016). En adición, la creación e implementación de leyes como la Ley 20 y 22, las cuales existen precisamente para promover y facilitar el enriquecimiento de unos pocos que vienen al país para empobrecernos mientras destruyen la economía y los pocos empleos que generan someten a los puertorriqueños y las puertorriqueñas a un ciclo de inestabilidad laboral y precarización de sus condiciones de vida. ¿Cómo es posible que en medio de una “crisis” la clase política del país y sus amigos del alma continúen con sus beneficios y privilegios? ¿Para quién y para qué es la crisis?

La ruta plan de la austeridad y el empobrecimiento

Ahora, entre la complicidad del liderato PNP y la Junta de Control Fiscal, pretenden imponer un plan de austeridad que incluye la destrucción de nuestros recursos naturales mediante la privatización de nuestras playas, bosques y tierras, el desmantelamiento de la UPR con un recorte de 512 millones, 10 por ciento de reducción de las pensiones; millones en recortes para el sistema de salud, eliminación de derechos laborales, más impuestos y despidos entre otras medidas anti sociales que empobrecen a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña y destruyen la economía y el ambiente. Estas medidas de austeridad no aceleran el desarrollo económico, sino más bien todo lo contrario; aumentan el desempleo, los niveles de pobreza y la desigualdad social y económica.  Tan recientemente como el 2010, economistas de la división de investigación del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) cuestionaron la sabiduría de imponer políticas de austeridad a países que atraviesan por una crisis fiscal o financiera (Marxuach, 2016). Cabe destacar que en Puerto Rico, la austeridad es una vieja receta implementada por los gobiernos del PNP y el PPD. La Ley 7, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño y la Ley 66 bajo la administración de García Padilla, son vivos ejemplos del fracaso de la austeridad en el país. En ambos casos se despidieron miles de empleados públicos, se congelaron salarios, se suspendieron convenios colectivos entre otras medidas que resultaron en un aumento de la contracción económica y por ende, un aumento de la crisis.

Antesala a la construcción de un proyecto de país

El 1 de mayo de 2017, fue un día exitoso donde más de 60 mil personas  salieron a la calle a demostrar su indignación y a decir basta ya a la dictadura de la Junta de Control Fiscal y del gobierno PNP. Se sumaron al reclamo nacional de una auditoría ciudadana e integral de la deuda para que las y los culpables paguen. Entre música, consignas y un mensaje de indignación y esperanza, marcharon codo a codo estudiantes, docentes y no docentes, grupos ambientales, grupos religiosos, sectores agrícolas, sindicatos, mujeres, comunidades y familias entre otros sectores sociales. La unidad y las acciones concertadas, son necesarias para obtener triunfos definitivos. Los grandes triunfos como la salida de la Marina de Vieques, la excarcelación de Oscar López Rivera, la lucha contra la explotación minera y contra el gasoducto, son un vivo ejemplo de la capacidad colectiva que tiene nuestro pueblo. En esta ocasión, la distribución de la hoja suelta, el conversatorio, la desobediencia civil, la marcha y el piquete en conjunto con el aumento de la “crisis”, han propiciado un proceso de acumular las necesarias para atender el asunto de la deuda y el meollo colonial para hacerle frente al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, implementar esas estrategias será necesario, pero no serán suficientes en esta nueva coyuntura.

Hoy, mañana y siempre, los sectores sociales que luchan con su combatividad, valentía, creatividad y desprendimiento, no solo contribuyen a elevar los niveles de conciencia del pueblo sobre los asuntos que inciden adversamente en su vida diaria sino que también llenan de esperanza al pueblo puertorriqueño con la posibilidad de convocar y dialogar para construir un proyecto de país diferente junto a todo aquel o aquella que cree en un proceso descolonizador donde nuestro pueblo reclame y ejerza su soberanía, en especial la gente de carne y hueso que todos los días se levanta a sudar y construir país. Nos toca tomar el timón del barco, nadie lo hará por nosotras. No tengo la menor duda de que venceremos. Las y los que están en el lado correcto de la historia no tienen nada que perder, pero sí mucho que ganar. Desconozco si sus nombres aparecerán en los libros de historia, pero las presentes generaciones agradecemos y las futuras generaciones agradecerán por el ejemplo que hoy están dando al país. No permitamos que nos amedrenten, este país nos pertenece. Son casi 119 años de coloniaje y colaboración de la clase política puertorriqueña con la política colonial de Estados Unidos. Nunca antes habíamos tenido un mejor escenario para el avance definitivo en el ejercicio de la libre determinación del pueblo puertorriqueño; nunca antes los voceros del colonialismo en Puerto Rico habían estado tan aislados; nunca antes la quiebra del modelo colonial había sido tan evidente; nunca antes habían existido condiciones materiales y objetivas tan claras para avanzar en la ruta de la soberanía política y la descolonización (Torres Rivera, 2016). El presente y porvenir de nuestro país, lucen esperanzadores y no queda la menor duda de que vamos por buen camino. Los procesos históricos son dinámicos y son múltiples las variables que inciden en su desarrollo, no obstante a eso, en esta coyuntura la bola está en nuestra cancha.

Bibliografía:

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Escrito por: José M. Santos Valderrama, integrante de la Juventud Hostosiana y de la Dirección Nacional del MINH. Estudiante graduado de Trabajo Social en la Escuela Beatriz Lasalle de la UPR de Río Piedras.