Dicen por ahí, y así lo escribo dado a que es ya un dicho popular, que querer intentar lo mismo en espera de resultados distintos es la definición verdadera de la locura.

Claro, cuando ese intento significa un posible espaldarazo a gente conocida, no sonaría de primera como algo del todo desquiciado, más si hay dinero envuelto. Como un disco trillado, el rumor de la implementación de las cámaras vuelve de nuevo a dar de qué hablar por los pasillos de la universidad. La diferencia, claro está, es que si bien en un pasado reciente bajo la administración de Ana Guadalupe el Senado Académico levantó mil y una banderas dado a las serias dudas que aún existen en cuanto a la compra del equipo, el manejo de fondos, la eficiencia de la iniciativa y el uso real del equipo ahora hacen un mutis condescendiente ante un aparente alineamiento de intereses. Las razones de este silencio las habremos de ver en un futuro, pero no cabe duda de que se puede olfatear un olorcito  a Peje Maruca de acercarse mucho a la entrada del Senado Académico de la UPR-RP.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones detrás de la insistencia constante por la implementación de las cámaras y cómo se ha dado el proceso de adquisición? Resulta que la primera vez que se acercó el tema de las cámaras en la historia reciente fue bajo la administración de Ana Guadalupe al calor de las huelgas del 2010 y 2011.La universidad desembolsó 263 mil dólares en una primera compra de los cuales 40 mil provienen de fondos federales cuyo fin original era impactar de manera positiva la lucha contra la violencia de género. Posteriormente la universidad compró 54 cámaras más a un costo de 240 mil dólares de fondos institucionales, lo cual eleva el malgasto a 543 mil dólares. De acuerdo con una reciente auditoría, entre el 2011 al 2013 se le desembolsó a la compañía Services and Solutions Corp. (SESCO), cuyo dueño es Frankie Habibe, $240.9 mil dólares para servicios de instalación y adiestramientos que nunca ofreció. A su vez, la auditoría muestra que en el proceso de compra no medió ni un proceso de reglamentación, ni un proceso de subasta, ni tampoco un protocolo, lo cual muestra un panorama que raya fácilmente en la malversación de fondos públicos universitarios y federales. (1) Ante tal panorama, el Senado Académico y la Administración Universitaria prefiere continuar con la implementación de las cámaras bajo un silencio condescendiente ante posibles actos criminales dentro de la propia institución. Paradojas de la vida: utilizar la excusa del alza criminal para ocultar una posible malversación de fondos públicos universitarios.

Por otro lado, no hay prueba alguna existente de que haya una correlación entre la implementación de cámaras de seguridad y una baja en la criminalidad. Con reforzar y entrenar la existente guardia universitaria se puede llegar a mayor efectividad sin la necesidad de tener que invertir en las cámaras. Tan reciente como la pasada semana, en expresiones escritas publicadas a través del portal UPRRP, el director de la Oficina de Seguridad y Manejo de Emergencias en el Recinto, Samuel González González, subrayó de que al finalizar el año 2015 se ha podido observar una baja en criminalidad de un 41% en comparación con el pasado año 2014 (2). Desde esta perspectiva podemos argumentar que lo principal en la lucha por la baja criminal no es en invertir vasta cantidad de dinero en equipo comprado bajo términos sospechosos, sino el refuerzo de lo ya existente y la apertura de la universidad hacia las comunidades aledañas. La universidad no es una prisión o un sistema cerrado; es un sistema abierto situado en un área metropolitana en un país que lleva en depresión económica desde el 2006 y donde alrededor del 50% de las familias viven bajo el nivel de pobreza. El problema de la criminalidad es uno de desigualdad, de falta de oportunidades y del afán de lucro que tanto se inculca dentro del sistema capitalista. De inmediato entonces podemos afirmar que en la medida en que no se atienda los reclamos y las desigualdades en las comunidades aledañas de Río Piedras no se puede esperar tampoco que la universidad no se vea afectada por lo mismo. Empujar el discurso falso y trillado de que más camaritas resolverán la situación es una falta a nuestra inteligencia que ha traído como cola el enriquecimiento personal, por mecanismos dudosos, de allegados políticos.

Por último, considerando la tradición de carpeteo político que ha permeado la historia puertorriqueña y que ha impactado fuertemente al movimiento estudiantil, dentro del reglamento aprobado no se muestra garantía alguna de protección de derechos civiles para el estudiantado. De primera surgió una promesa a palabra de que al momento de hacer manifestaciones políticas las cámaras serían apagadas.

Queriendo pasar gato por liebre, cínicamente se argumentó que para ello primero la seguridad debe saber de los eventos con anticipación y segundo que eso solo le aplica a organizaciones estudiantiles reconocidas por el recinto. Considerando que la vasta gama de organizaciones políticas que han existido y existen en el recinto no son reconocidas por el mismo, vemos un intento burdo  de parte de la administración universitaria de restringir arbitrariamente acciones políticas dentro de la universidad.

Ante el estado crítico del presupuesto del recinto, resulta contraproducente el alocar prioridades en la compra de cámaras de seguridad cuando departamentos enteros, como Relaciones Laborales, Trabajo Social e Historia por mencionar algunos, están faltos de profesores, secciones y recursos. No olvidemos que bajo esta administración la UPR enfrenta los mayores recortes que ha sufrido en su historia como culminación del proyecto neoliberal del PPD-PNP. El llamado es sencillo: que se investigue, y de ser necesario, que se enjuicie a toda aquella persona involucrada en los señalamientos presentados por el informe de auditoría; que se desista de la compra e instalación de las cámaras de seguridad dado a que es un gasto de dinero ante mayores prioridades educativas que atender y que se le dé mayor énfasis al adiestramiento y ampliación de la Guardia Universitaria para que puedan cumplir con todos los objetivos de su trabajo. De lo contrario estaremos de frente a una crónica de traqueteo anunciado, con la excepción de las subsiguientes movilizaciones estudiantes que de seguro suscitarán.



Bibliografía:

1. Quintero, Laura. (01/12/2015). Cámaras de Seguridad de la UPR bajo sombra de la     Irregularidad. Noticel. Enlace: http://www.noticel.com/noticia/183460/camaras-
de-seguridad-en-uprrp-bajo-sombra-de-irregularidad.html


2. (30/11/2015) En control la seguridad del Recinto de Río Piedras de la UPR. Portal     UPRRP. Enlace: http://www.uprrp.edu/?p=7278

Francisco A. Santiago Cintrón
Estudiante UPRRP y miembro de la Juventud Hostosiana