Como inspirada en “Cien años de Soledad” de García Márquez, la situación universitaria actual tiene aires de una repetición histórica en cuanto a la incertidumbre respecta.

La política de la incertidumbre, modus operandi de la Junta de Gobierno, traza el devenir de todas las decisiones universitarias. Desde el cobro de la matrícula hasta las determinaciones de acceso, la comunidad universitaria vive en una constante incertidumbre que menoscaba el principio de democracia universitaria. Este arrebato a la democracia universitaria yace inmiscuida no solo en las prácticas tradicionales de la institución sino también en la composición misma de la estructura administrativa. La Junta de Gobierno, compuesta por trece miembros de los cuales ocho son escogidos directamente por el gobierno central, es la principal encargada de todos los procesos sistemáticos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Por tanto, todo organismo de gobernanza en la UPR, bien sea de la presidencia o de la Junta Universitaria, queda relegado a ser mera oficina de “consejería” para la Junta de Gobierno. Esto consigue eliminar espacios concretos de democracia universitaria.

Dado a que la composición mayoritaria de la Junta de Gobierno responde principalmente al gobierno de turno, la política administrativa universitaria refleja intereses ajenos a los de una universidad pública, accesible y de calidad. En la medida en que el gobierno siga abogando por recetas neoliberales en pro de la privatización de los servicios y el pago a los bonistas, la universidad, al igual que las corporaciones públicas, seguirá víctima del vaivén partidista y la incertidumbre. La política de incertidumbre no se define como una forzada por un sistema compuesto de seres bien intencionados, sino por un esquema  jerárquico administrativo, cuyas decisiones están basadas en la mercantilización de la educación.

Desde la posible eliminación de programas, cursos y secciones hasta la continuación precaria de servicios comunitarios, el estudiantado universitario sufre diariamente las consecuencias de esta política de incertidumbre. La situación se torna insoportable en tanto y en cuanto el estudiantado vislumbra una posible alza de matrícula para este semestre. Tras vencerse en abril la moratoria al alza de matrícula el estudiantado universitario se enfrenta a un panorama incierto en cuanto al futuro del cobro de la matrícula. En los pasillos se rumora desde un alza uniforme hasta una matrícula ajustada a los ingresos. Ante ello, lo poco que se ha logrado dilucidar a la luz pública son dos puntos. Primero: que el Comité Asesor Financiero (CAFI) meramente va a “recomendar” a la Junta de Gobierno una opción para que la Junta luego decida en mayo. Segundo: que el debate actual dentro del CAFI y la Junta de Gobierno toma por sentado que el alza va, centrándose más en la estructuración del alza.

El alza de matrícula va, y está en el estudiantado frenar tal argumento y cuestionar la necesidad siquiera de un alza a la matrícula. Es menester observar cómo se intenta presionar un alza de matrícula sin contemplar una revaluación exhaustiva de la manera en que la UPR invierte su dinero. Basta con leer las disposiciones en torno a una educación pública y accesible de la certificación 60 (2006-2007) que impuso el alza escalonada de matrícula al estudiantado de nuevo ingreso para observar que la misma jamás fue cumplida. Desde un estudio minucioso de los gastos de la universidad hasta la promesa de más programas, clases y profesores, las exigencias impuesta en esa certificación se han desvanecido sin pena ni gloria; meramente letra muerta en lo que debe de ser una exigencia primaria.

En este nuevo semestre de organización y acción, el problema de la matrícula deberá ser un tema que hemos de enfrentar no desde la óptica puramente economicista, sino atacando directamente la composición de la Junta de Gobierno y la manera en que toma sus decisiones. El problema mayor de quiénes toman las decisiones, cómo se toman y a base de cuáles intereses se dirigen, figurará como uno de los problemas centrales que el movimiento estudiantil deberá atender. La raíz del problema de la matrícula, al igual que muchos otros problemas que sufre la institución, está en el sistema de gobernanza, los intereses que la gobiernan y la política de la incertidumbre en que se desenvuelve. Nuestro deber es claro: democratizar los espacios para crear una educación pública, accesible y de calidad.

El autor es estudiante de Relaciones Laborales y Ciencias Políticas en la UPRRP. A su vez es miembro de la Juventud Hostosiana.