El recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), está ocupado por la policía y sometido a una camisa de fuerza.

Cerró el primer semestre marcado por nuevas huelgas y manifestaciones estudiantiles en rechazo a la decisión de incrementar el costo de la matrícula, y a las puertas del segundo parece que todo seguirá siendo difícil.

Ante un espíritu de lucha y fervor universitario, las calles de San Juan han sido testigos de represiones y abusos. Los estudiantes han plantado sus banderas para repudiar los manejos neoliberales contra la autonomía universitaria del gobierno de Luis Fortuño, pero a esta demostración de valentía respondieron los miembros de la Fuerza de Choque con fuerza brutal.

Sin dar explicaciones, los agentes arrestan indiscriminadamente a los estudiantes, los cuales son tratados como criminales, cuando su único delito es la defensa al derecho de superarse.

Las protestas son convocadas por el Comité de Representación Estudiantil (CRE), coalición que mantiene una firme lucha en contra del aumento de la matrícula a 800 dólares. Cálculos preliminares estiman que unos 10 000 alumnos tendrían que abandonar sus aspiraciones educativas debido al anunciado incremento.

Pero el conflicto de los universitarios se ha convertido, al decir de algunos, en una batalla para determinar el futuro educacional de Puerto Rico.

El catedrático de la UPR, Raúl Cotto, llamó a los sectores contrarios al Ejecutivo a actuar ante estos abusos, porque esa es su responsabilidad. No se puede permanecer indiferente a los atropellos cometidos contra los estudiantes y sus protestas, indicó.

Mientras, diversas organizaciones sociales condenaron los actos de tortura y agresión sexual de la policía y la fuerza de choque.

Es inaceptable que un Gobierno que presume de defender la ley y el orden, permita la tortura a jóvenes esposados a la espalda y la humillación contra las estudiantes detenidas a la vista de todo el mundo haciendo alarde de su impunidad, indicaron en un comunicado.

Otras organizaciones han calificado de "crasa violación de derechos civiles y humanos", los actos represivos y han exigido a Fortuño y al jefe de la Policía, José Figueroa Sancha, una respuesta inmediata para el caso, y el lanzamiento de una investigación para procesar a los agresores.

Aunque la rectora Ana R. Guadalupe lanzó una prohibición a los estudiantes de realizar manifestaciones o concentraciones dentro del recinto, los jóvenes boricuas mantienen la voluntad de ejercer su derecho a protestar por el aumento del costo de la matrícula, a la vez que condenan la presencia policial que los desaloja por la fuerza. Pero el conflicto no parece tener visos de resolverse.

Las autoridades universitarias aparentan estar dispuestas al diálogo, pero la realidad es que tratan de desgastar, dividir y deslegitimar la manifestación estudiantil, y hacer avanzar su plan de aumentar el costo de la matrícula universitaria, al margen de la oposición casi unánime de estudiantes y profesores.

El conflicto que vive el recinto universitario no se limita al rechazo por la alta cuota en el pago. El atropello presupuestario desatado por la administración Fortuño-PNP contra la UPR va dirigido a dañar a la Universidad, en contra del crecimiento de sus perspectivas y alcance social, ya sea por vía de la privatización o incluso de su disolución progresiva.

Es que al Gobierno de turno en la colonia yanki le apestan la participación, la divergencia, y el compromiso social que florece, que surge como una verdadera autonomía.