Los eventos ocurridos en los pasados cuatro años representan, indudablemente, un parteaguas en nuestra historia. No se trata de una coyuntura más, sino de un giro en los procesos sociales, económicos y políticos que apuntan a un escenario que apenas comienza a definirse. La intensidad, dimensión, multiplicidad y diversidad de asuntos obliga a identificar sus vínculos y posibles consecuencias para lo cual es necesario mantener una reflexión constante que nos permita trazar nuestra agenda y hacerla pertinente.

Iniciar esa mirada nos lleva al año 2016 cuando se produjeron varios sucesos de gran significado. Destacan las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que sentenciaron la deslegitimación del “estado libre asociado”, mientras simultáneamente, el Congreso estadounidense aprobaba la Ley Promesa imponiendo una Junta de Control Fiscal (JCF) al Gobierno de Puerto Rico. Con ese telón de fondo se celebraron las elecciones generales del 2016 y más adelante, en enero de 2017, se inició la administración de Ricardo Rosselló Nevárez, luego de haber obtenido menos del 50% (41.8%) del voto del electorado por la candidatura a la gobernación.

El nuevo gobernador, en su muy breve gestión, dejó un trazo amargo de corrupción, desorden administrativo, abandono criminal de sus responsabilidades para con el País durante el paso de los huracanes Irma y María, el secuestro del servicio público para el beneficio privado de un pequeño grupo de empresarios y de amistades y familiares cuya única lealtad ha sido su afán de lucro, su sumisión a la Junta de Control Fiscal y a sus políticas draconianas, y otras acciones cuyas consecuencias no se han manifestado aún en todo su alcance.

Lo cierto es que no importa quién hubiera sido electo gobernador o gobernadora en el 2016 su única ruta posible para ejercer una gestión de gobierno real y con sentido, era la confrontación política contra la JCF y por ende contra el Congreso de Estados Unidos. Esa opción Rosselló la tuvo en sus primeros (y únicos) dos años pero se amilanó y en la práctica sucumbió y se sumó a

las exigencias de la Junta. Incluso, emitió órdenes ejecutivas y firmó leyes muy afines a la agenda de la JCF, para finalmente quedar sometido a los planes fiscales de la Junta y a los presupuestos que ésta ha impuesto.

Desde el 2017, han sido los siete miembros de la Junta, acompañados de un séquito de bufetes y consultores bien remunerados con el dinero del pueblo puertorriqueño, los que en la práctica gobiernan y hasta administran las agencias públicas más importantes. A lo que se ha sumado la sindicatura de las principales agencias del gobierno, la proliferación de “monitores”, la designación del contralmirante Peter Brown como Coordinador de la Casa Blanca para Puerto Rico, y las intervenciones frecuentes y selectivas del FBI.

En los pasados cuatro años, todo ha empeorado. No existen planes de desarrollo económico. Para la frustración de algunos, la Junta de Control Fiscal y la ley Promesa, tampoco contemplaron el desarrollo económico de Puerto Rico. La única referencia a ese tema fue la creación del Grupo de Trabajo cuyo informe y resultado no obligaba ni al Congreso ni a la Junta. Tanto es así, que dicho grupo sometió su informe en diciembre de 2016 sin ninguna consecuencia.

Mientras, la Junta no ha descansado en acelerar sus componendas para pagar a los acreedores y bonistas buitres como quedó demostrado con el Plan de Ajuste de COFINA y se pretende con los planes de la AEE y del Gobierno Central. Esa, y no otra, es la función de la Junta. Su único propósito es sustraer el dinero de los pensionados, de la salud, de la educación y en general de los servicios públicos esenciales del pueblo de Puerto Rico para el pago generoso de la deuda. Por tanto, en ausencia de políticas de desarrollo económico, ha quedado demostrado que la Junta de Control Fiscal, como fue anticipado por el MINH e importantes sectores sociales y políticos del País, lejos de ser un instrumento para lidiar con la crisis económica y financiera de Puerto Rico, ha devenido en el principal obstáculo. En este contexto, la situación económica es inédita y de extrema gravedad, y el papel de la Junta y la condición colonial impuesta por Estados Unidos desde el 1898, no tienen otra consecuencia que agravar la situación.

Para complicar el panorama, el desafío climático que representa el calentamiento del planeta se ha encargado de alertarnos (de nuevo) sobre nuestra ubicación geográfica. Los huracanes Irma y María fueron eventos naturales que desnudaron y profundizaron la diversidad de problemas que ya existían y hervían a punto de estallido. A la incapacidad institucional de una administración de gobierno, castrada por la corrupción para responder a la urgencia de la situación, se unió el desprecio y la mofa del presidente de Estados Unidos. Pero no fueron solamente las expresiones execrables de Trump, fue también, el manejo irresponsable de FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, el Congreso y demás agencias federales que han echado mano al chantaje como norma en su trato hacia Puerto Rico y para quienes cuatro mil vidas representan solo una estadística. Ahora, como si no bastara, se suma la lenta e incierta erogación de fondos para la recuperación tras los huracanes. Es claramente una actuación en bloque del gobierno permanente de Estados Unidos en el que Trump es simplemente un vulgar accidente.

La historia se repitió nuevamente con los sismos iniciados en enero de este año y la pandemia del COVID-19. Ante la incredulidad de presenciar una misma película, la administración de Wanda Vázquez Garced demostró el desprecio atroz al sufrimiento de nuestra gente y la respuesta criminal: almacenes repletos de ayuda secuestrados por candidatos políticos de la peor calaña, contratos leoninos para allegados y parientes de la claque del PNP en turno, disfuncionalidad de las agencias públicas, negligencia en la información y un largo etcétera.

En este escenario, los problemas fiscales empeoran y se complican. No hay ecuación ni modelo que pueda concluir que se puede pagar la deuda de más de $100 mil millones, con una economía en contracción y con un panorama de incertidumbre que no atisba la “luz al final del túnel”.

La situación actual muestra el colapso del modelo económico que por décadas sostuvo el diseño político de subordinación impuesto por Estados Unidos desde su invasión. En los pasados once años, la recesión económica ha provocado una contracción de la economía de 20 por ciento, la reducción de la fuerza laboral en 27 por ciento y la emigración del 21 por ciento de la población.1

1 Junta de Planificación, Apéndice Estadístico, Informe Económico al Gobernador 2019.

Cálculos del Censo de julio de 2017 arrojan que de una población total de 3,379,483, cerca de 1,469,382 viven bajo el umbral de pobreza. De éstas, alrededor de 805,412 viven en condiciones de pobreza extrema, entre otros indicadores alarmantes.2 Parecería que el País se desdibuja.

Un pueblo en lucha y sin descanso

Afortunadamente, la respuesta esperanzadora a este capítulo de nuestra historia viene de nuestra gente, de los diversos sectores que constituyen nuestro pueblo. Esta crisis SÍ ha tenido una respuesta social y de protesta a pesar de la campaña ideológica constante, sofisticada y abrumadora que persigue imponer la idea de que los puertorriqueños “nos cruzamos de brazos” y carecemos de disposición a luchar. Nada más lejos de la verdad. Desde el 2016, al igual que en otros periodos de nuestra historia, las actividades de protesta y de movilización se han sucedido con distintas intensidades y dimensiones. La huelga de los universitarios en 2017, las movilizaciones masivas del Primero de Mayo, y más recientemente, el Verano de 2019, presidido por nuestra bandera nacional ¡sola!

Tales acontecimientos lo interpretaron correctamente quienes dirigen las agencias federales de “seguridad” y persecución política. No esperaron, ni escatimaron en tiempo y se lanzaron en un operativo político, mediático y represivo, para desmontar el impacto y las consecuencias de la movilización social y la protesta ocurridas, particularmente, antes del Verano del 19. Destaca el caso abusivo contra Nina Droz, como un intento claramente de escarmiento de la fiscalía federal. Igualmente, las leyes anti obreras aprobadas por la legislatura penepé con el propósito de amedrentar a los sindicatos. Y la persecución selectiva y abusiva del Departamento de Justicia (entonces bajo la dirección de Wanda Vázquez Garced) contra el liderato estudiantil que dirigió la huelga de 2017 defendiendo la Universidad de Puerto Rico.

Es importante destacar que todo esto ha ocurrido en tan solo cuatro años. Incluso, durante el periodo de sufrimiento que representaron los meses posteriores al huracán María, las


2 Datos obtenidos del Centro de Información Censal (CIC) de la UPR Cayey.

movilizaciones no se detuvieron. Y el desborde de coraje y energía durante los quince días del mes de julio de 2019, fue el reflejo de las tensiones, abusos y frustraciones ante el agotamiento y desplome de un sistema económico y político insepulto.

Si bien, queda aún por descifrar el alcance y las consecuencias del Verano del 19, podemos afirmar que aprendimos que la fuerza radica en nosotros cuando nos disponemos a ejercerla colectivamente. Aprendimos que la unión de voluntades es capaz de todo, por encima de leyes, constitución o de cualquier otra institución.

Hoy, como pocas veces en nuestra historia, se hace evidente la necesidad de mantener la respuesta colectiva y la movilización en los espacios públicos. Esa ha sido, en las pasadas décadas, la forma más efectiva para exigir nuestros derechos y reivindicaciones. Los ejemplos son muchos y recientes. Basta mencionar la victoria de Vieques, la derrota del gasoducto (la mal llamada “vía verde” de Fortuño), la excarcelación de Oscar López Rivera, la expulsión por primera vez en nuestra historia de un gobernador electo, la respuesta comunitaria en los municipios más afectados por los sismos y tantas otras victorias ocurridas a nivel regional y local. Es decir, la práctica nos ha demostrado cuál es la ruta que nos permite trascender los espacios privados y pequeños y generar potentes movimientos que en sí mismo se convierten en expresiones de poder social y político.

Es sobre esa base que se hace necesario proponer y plantear la conquista indispensable de los poderes políticos conculcados por el gobierno estadounidense. No hay manera de atender y encontrar los caminos que nos permitan lidiar con los problemas económicos y los desafíos que supone el desarrollo en general del País, si carecemos de los poderes para diseñar los instrumentos e implantar nuestras políticas, programas y planes.

Nuestros esfuerzos para la unidad patriótica

Como parte de los principios políticos que han guiado al MINH desde su fundación, en nuestra agenda se ha mantenido como tarea estratégica rearticular las fuerzas y los sectores patrióticos

y anticolonialistas para confrontar al Gobierno de Estados Unidos y exigir el derecho a la autodeterminación e independencia de nuestro pueblo. Esa agenda ha reconocido, además, movilizar el apoyo (indispensable) de la población puertorriqueña que vive en Estados Unidos y gestionar la solidaridad del pueblo estadounidense y la comunidad internacional.

En los pasados cuatro años, la dirección del MINH ha realizado esfuerzos diversos y constantes para dialogar con organizaciones patrióticas y otros sectores con el objetivo de forjar espacios y condiciones para la concertación de recursos y acciones. Fueron muchas las iniciativas, algunas produjeron resultados importantes y variados. Fuimos gestores de la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal; del Junte Soberanista que convocó el exitoso boicot al “plebiscito” de 2017; del Junte de Mujeres, cuyas acciones retomaron y sentaron la presencia del mensaje descolonizador en el Congreso de EEUU; del Frente Amplio que a su vez derivó en el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Soberanía ¡Ahora!; las Asambleas de Pueblo surgidas luego del Verano del 19 y otras iniciativas en las que han participado nuestros organismos de base a nivel regional y municipal.

Nuestra postura en esas iniciativas ha enfatizado siempre la importancia de crear espacios de unidad y concertación dirigidos a fortalecer la organización política de nuestro pueblo, trascendiendo los eventos electorales, que por experiencia sabemos tienen el potencial o la “tentación” de generar divisiones y fraccionamientos entre las fuerzas patrióticas. Siempre hemos reconocido la conveniencia de agotar la posibilidad de una opción electoral de los sectores favorecedores de la descolonización de nuestra Patria y anti-neoliberales, dirigida principalmente a articular las fuerzas soberanistas e independentistas.

A tenor con lo anterior y de cara a las elecciones de 2020, sostuvimos varias reuniones con el liderato del Movimiento Unión Soberanista (MUS), con el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En cuanto al MUS y el PPT, el tema electoral siguió el rumbo que culminó en el MVC.

Durante el proceso que condujo a la fundación de Victoria Ciudadana, el MINH mantuvo el planteamiento de crear una opción electoral cuya base política fueran los sectores soberanistas e independentistas, considerando incluso la posibilidad de un entendido con el PIP. No obstante, esa no fue la ruta que siguió el proceso. Nuestra participación en la creación del MVC no fue continua y por razones que no están claras, no pudimos participar de las últimas reuniones del grupo organizador previo al anuncio de la creación del MVC. De ahí que nos sorprendiera el documento fundacional del MVC en el que se hizo un reconocimiento a la estadidad como opción descolonizadora. Ese reconocimiento aún se mantiene y fue la razón para que el MINH hiciera una expresión pública de rechazo a esa afirmación a la vez que le daba la bienvenida a la inscripción de Victoria Ciudadana.

Luego, hicimos gestiones junto a otros compañeros y compañeras para que tal afirmación fuera modificada mediante una redacción conciliadora. Argumentamos que lo que conocemos de la estadidad (anexión) como movimiento histórico es la culminación de la colonia, la negación del país y de la nación puertorriqueña. Hicimos preguntas como las siguientes: ¿cómo es posible que en Puerto Rico una organización política pueda considerarse la estadidad como descolonizadora si en el orden jurídico norteamericano no se admite la integración de ningún territorio que luego pueda reclamar la separación o secesión? ¿Cómo puede considerarse descolonizador un resultado que implica entregar la soberanía puertorriqueña al país interventor? Pero la respuesta del grupo organizador del MVC fue reafirmar el reconocimiento a la estadidad como opción descolonizadora. Y para el MINH, esa es una diferencia política importante, pues, además, hace aún más diluida la postura del MVC sobre el estatus colonial al confinarlo exclusivamente al mecanismo procesal sin asumir una posición concreta y clara.

Por tanto, el discurso de Victoria Ciudadana corre el riesgo de desvincular asuntos políticos importantes, de su estrecha conexión con la subordinación colonial y la falta de poderes políticos. Incluso, temas como la corrupción, la alternancia bipartidista, que nadie niega que son problemas apremiantes, pueden distorsionarse en la identificación de sus causas ya que ambos, en nuestro caso, son consecuencia del dominio colonial y de la propia estructura económica cobijada por la

ideología neoliberal. El riesgo es mayor, en el contexto de una ofensiva avasallante del discurso neoliberal el cual utiliza la corrupción y el bipartidismo como argumentos para atacar y desmontar las instituciones públicas. Y hasta el FBI se posiciona en esa tarima. En esencia, lo importante en este y otros temas, es presentar propuestas y análisis que cubran con coherencia un planteamiento político completo, hacia la transformación de raíz de los problemas más acuciantes del País. La Agenda Urgente del MVC contiene propuestas y reivindicaciones con las que coincidimos, pero resulta incompleta, política y estratégicamente, para el Puerto Rico de hoy.

Finalmente, es importante aclarar en este análisis una frase muñocista que con frecuencia se utiliza con relación a las elecciones generales y que afirma que estas “no son plebiscitarias”. Si bien no lo son, ello no debe llevar a concluir que el estatus no está en issue, pues, la subordinación política y la realidad colonial es cotidiana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año.

La papeleta electoral del MVC tiene a Alexandra Lúgaro como candidata a la gobernación y a Zayira Jordán a la comisaría residente. Esta última se identifica como anexionista y ha expresado su disposición a realizar gestiones a favor de la estadidad. Además, figuran en las candidaturas a la legislatura en el Capitolio y en las alcaldías y legislaturas municipales, más de 100 personas muchas de las cuales son de amplio y reconocido compromiso social y patriótico.

Hay que significar, que en la inscripción y organización del MVC han participado y participan miembros reconocidos del MINH, al igual que en algunas de sus candidaturas, aunque no en las principales.

En cuanto al Partido Independentista Puertorriqueño, la dirección del MINH sostuvo varias reuniones en las que conversamos sobre el tema electoral y las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Algunas de estas conversaciones fueron sostenidas por la Comisión Ejecutiva del MINH y otras fueron individuales, con compañeros y compañeras directamente. Reconociendo las limitaciones que impone la Ley Electoral, exploramos la disposición del PIP para considerar algún

tipo de entendido electoral que permitiera presentar una opción con una proyección más amplia, incluso para el propio independentismo. En nuestro argumento, apuntamos a nuestro favor los resultados del Plebiscito del 2012, celebrado junto a la Elecciones Generales de ese año, en el cual la Independencia obtuvo 74,895 votos, mientras el voto por el PIP se redujo a 36,519, una diferencia de 38,376 votos.

La respuesta del liderato del PIP, a través del compañero Fernando Martín, aunque franca y sincera, estuvo muy lejos de lo que entendíamos adecuada en el contexto del momento histórico tan favorable para la construcción de espacios de unidad y alianzas patrióticas. Sencillamente, el PIP nos comunicó su postura dirigida a repetir una participación electoral propia, descartando cualquier tipo de alianza o entendido con sectores soberanistas, al igual que con otras organizaciones independentistas. En cambio, reafirmaron su disposición a la acción unitaria en los distintos frentes de lucha social y política fuera del marco electoral, al igual que en el ámbito internacional.

Como es de conocimiento público, la papeleta electoral del PIP tendrá como candidatos a la  gobernación y a la comisaría residente, a los compañeros Juan Dalmau Ramírez y a Luis Roberto Piñeiro, respectivamente. Ambos compañeros tienen una trayectoria de más de dos décadas de lucha ininterrumpida y de probado compromiso con la independencia de nuestra Patria. El PIP, también, presenta decenas de candidaturas a la legislatura en el Capitolio y en las alcaldías y legislaturas municipales. Podemos anticipar que el programa del PIP y el discurso político durante la campaña electoral, será una propuesta hacia la Independencia, como ha sido en elecciones anteriores.

Así las cosas, el escenario de cara a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 se nos presenta con los dos partidos colonialistas en franco desgaste, enfrentados en guerras intestinas (que las pasadas primarias exacerbaron) y una oposición fragmentada representada por el PIP y el MVC,

principalmente.3 En este contexto, existe el riesgo real de que se repita lo ocurrido en elecciones pasadas, en las que la fragmentación de la oposición ha favorecido la alternancia del binomio PPD-PNP mediante el voto del miedo, llamado equivocadamente “voto útil”. Ambos partidos son ideológicamente similares y sus diferencias son disimuladas para fortalecer el neoliberalismo en su intención encubridora, para lo cual el sistema electoral en su diseño favorece: gana la mayoría simple, aunque esa “mayoría” sea la minoría, como ocurrió en el 2016.

De los cinco partidos que concurrirán a las elecciones, solo el PIP se presentará con un mensaje a favor de la independencia, además de un programa amplio con propuestas de transformación social y económica.

Para nuestra organización, la postura que asumamos en ese escenario debe ir dirigida a fortalecer el crecimiento del movimiento patriótico más allá del evento electoral. Y lograr divulgar el mensaje de la independencia con fuerza, así como las propuestas de transformación social y económica hacia un País soberano y sustentable. Todo ello en un momento en el que la humanidad se enfrenta a grandes cambios e incertidumbres aún por definirse.

Tal como se establece en nuestros principios políticos, el MINH se regirá sobre lo que más convenga y beneficie al avance hacia la independencia y la plena soberanía nacional como parte de nuestra aspiración a una sociedad justa basada en la solidaridad, la libertad, la justicia social, la democracia participativa y el respeto a los derechos humanos y al entorno natural.

El Referéndum del NO

Como factor adicional, el día de las elecciones generales se efectuará también el referéndum del NO a la estadidad.

En un claro reconocimiento de las dificultades que brotan en el PNP, de su desgaste político y del efecto del Verano del 19 en el ánimo de sus electores, la legislatura dominada por los estadistas,

3 Además, formará parte de la papeleta electoral el partido Dignidad, de tendencia religiosa fundamentalista y el candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina.

aprobó la “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico” (Ley 51-2020). En realidad, se trata de un referéndum estadidad Sí o No.

A pocos días de aprobada la Ley, el MINH y la Juventud Hostosiana (JH) denunciamos en conferencia de prensa que este referéndum es una farsa diseñada por el PNP con el único objetivo de movilizar el día de las elecciones a un electorado estadista molesto, desilusionado y defraudado con la corrupción y mala administración de los líderes de su Partido, tanto desde la incumbencia de Ricardo Rosselló hasta la presente de Vázquez Garced, pasando por la efímera usurpación de Pedro Pierluisi. También denunciamos que se trataba de otra trampa que junto a las enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico forman parte de un montaje y estrategia para robarse los votos mediante el fraude perpetrado desde una engañosa “legalidad”. Y expresamos con vehemencia que convocaríamos a una campaña amplia y diversa a favor del NO sin solicitar permiso de la Oficina del Contralor Electoral ya que como independentistas tenemos el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y a luchar por todos los medios a nuestro alcance para obtenerla, derecho consagrado y amparado por el derecho internacional. La lucha contra la estadidad, la anexión de nuestra patria, es central a nuestra lucha en defensa de nuestra Nación Puertorriqueña.

A partir de la conferencia de prensa, hicimos un llamado a diversas organizaciones y sectores para articular una campaña por el NO con un alcance y reclamos de mayor amplitud. Es decir, llamar a votar por un NO a la corrupción, a la malversación de fondos públicos, a la negligencia criminal de la administración del PNP en las gestiones de las crisis humanitarias causadas por los huracanes Irma y María, a los sismos y el COVID-19. Un NO al clientelismo político, a los salarios exorbitantes de los acólitos del PNP, a los contratos millonarios a los que aportan dinero a la campaña. Es un NO contra los que aspiran a un Puerto Rico sin puertorriqueños, a los que apoyan al presidente de los supremacistas blancos y son indiferentes o peor aún, desprecian a los afrodescendientes, mujeres, comunidades LBGTTIQ, a los trabajadores y a la oposición política. Es un NO al desamparo en que han quedado miles de trabajadores y cuentapropistas que aún existiendo las asignaciones económicas para aliviar su falta de ingresos, el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no ha sabido atenderlos, responderles y entregarles el dinero que como ciudadanos les corresponde.

Como resultado de las gestiones iniciadas para conformar un esfuerzo de trabajo conjunto y unitario a favor del NO, se ha creado un espacio de concertación incipiente en el que participan un abanico amplio de organizaciones y sectores en los que se puede mencionar a VAMOS, el PPD, el PIP, Diálogo Soberanista, el MINH, ALAS y una diversidad de representantes de las artes y la cultura, comunitarios, religiosos, entre muchos otros. Desde ese espacio, y respetando las iniciativas que cada organización o sector mejor entienda, se ha organizado una campaña creativa, alegre y contundente a favor del NO a la estadidad.

Si madura como pinta, este referéndum puede convertirse en un enorme fracaso para el PNP y el movimiento estadista y, posiblemente, una victoria significativa para el movimiento patriótico y el pueblo puertorriqueño en su conjunto. Tal vez ese sea el resultado más importante de lo que ocurra el 3 de noviembre próximo.

Coyuntura contradictoria: el claroscuro que mencionaba Gramsci

El momento que vive Puerto Rico ofrece las mejores condiciones para fortalecer, divulgar y elevar, como nunca antes, el mensaje patriótico y la necesidad de un gobierno propio, democrático, transparente y sensible a las necesidades de la nación puertorriqueña. El discurso independentista no se puede disimular ni esconder en este momento de nuestra historia.

El sentimiento nacional de nuestro pueblo y el rechazo a la subordinación colonial ha crecido en los pasados años y se ha manifestado políticamente. Así lo demostró el respaldo obtenido por la Independencia y el ELA Soberano en el plebiscito del 2012, alcanzando 524,491 votos la suma de ambas fórmulas de estatus. Ocasión en la que también fue rechazado el territorio y la colonia por el 54% del electorado. Y hace tres años, el 11 de junio de 2017, otro “plebiscito” diseñado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para favorecer la anexión, fue boicoteado por todos los partidos y organizaciones de oposición y de la sociedad civil, agrupados bajo el Junte Soberanista,

logrando que el 77% del electorado no participara y rechazara la artimaña del partido anexionista.

Las movilizaciones en los pasados tres años en rechazo a la Junta de Control Fiscal y a las políticas neoliberales han sido intensas y masivas. A ella se han sumado los potentes reclamos del movimiento de las mujeres por sus derechos y los de la comunidad LGBTTQ+I. También, las batallas realizadas por sectores ambientalistas en contra del uso de combustibles fósiles y a favor de fuentes de energías renovables, y la lucha contra el Mapa de Zonificación de la Junta de Planificación, la defensa de los recursos naturales y el desarrollo de una agricultura ecológica, entre muchas otras.

Destacamos nuevamente el Verano del 19, puesto que fue un aldabonazo que sorprendió a todas las fuerzas políticas, a la vez que demostró la enorme reserva de dignidad que existe en nuestra gente y la determinación de actuar contra los abusos de una ganga de facinerosos que se atrincheró en La Fortaleza. Fue la comprobación de la advertencia que hiciera Don Pedro Albizu Campos cuando afirmó que “…en nuestra Patria el patriotismo nace silvestre.”

Tal como fue señalado anteriormente en este Informe, desde la propia capital del imperio se han encargado de desmontar el engaño del estado libre asociado. Una de las últimas señales provino de dos personas muy vinculadas a la presidencia de Barack Obama, Antonio Weiss y Brad Setser. Ambos publicaron un importante artículo en la revista Foreign Affairs en la que hicieron un llamamiento a los sectores de poder en Estados Unidos para que se coloque la “relación colonial (con Puerto Rico) en el diálogo nacional y establecer un camino a seguir”. “La negligencia económica y política de la isla es una mancha en la autoridad moral” de EE.UU., indicaron. Tanto Weiss como Setser acentuaron cuán cuesta arriba es lograr que Estados Unidos ofrezca a Puerto Rico la estadidad o una verdadera autonomía. Como muy bien destacara el compañero Fernando Martín, los exfuncionarios del Departamento del Tesoro de EEUU, “han puesto a descansar para siempre la aspiración de un ELA culminado”. Entonces, parece existir un reconocimiento en algunos sectores en Washington sobre cuál es la única ruta posible para resolver la situación colonial de Puerto Rico. Pero la inercia sigue dominando.

Mientras, los sectores vinculados principalmente al Partido Republicano, del cual Trump es su rostro, han lanzado un ataque sin tapujos a la estadidad, utilizando abiertamente un lenguaje racista y xenofóbico.

En síntesis, defenestrado el “ela”, rechazada la anexión y el “ela” culminado, y en ausencia - todavía- de un potente movimiento independentista, la postura a favor de mantener el estatus territorial y colonial actual, se ha fortalecido en el gobierno permanente de Estados Unidos; le sigue siendo de gran beneficio en lo económico, político y geoestratégicamente.

En este contexto descrito, sigue siendo un imperativo redoblar nuestro trabajo para llevar el mensaje político del independentismo. Es necesario, como hemos reconocido, actualizarlo y lograr que sea claro, directo, sencillo y de amplia difusión. Esta aspiración hace necesario que dialoguemos con nuestra gente, con nuestro pueblo sobre la superación del colonialismo a través de la independencia.

La creación de un nuevo Puerto Rico requiere reconocer que el ejercicio de los poderes soberanos transformará la condición actual de subordinación política y económica. Ni la deuda, mucho menos la crisis estructural de la economía, pueden ser atendida favorablemente para nuestro pueblo bajo la condición colonial y el modelo neoliberal imperante. La independencia es lo que nos puede permitir aprovechar las enormes potencialidades que tenemos, de insertarnos e identificar las oportunidades que presenta la economía mundial y atender los desafíos que representa nuestra geografía natural en el marco del calentamiento del planeta.

Partiendo de este reconocimiento, reafirmamos que existen las condiciones para construir un frente que promueva un Puerto Rico soberano, digno, basado en una economía sostenible, con principios de equidad, respeto a los derechos humanos, con profunda justicia social, con instituciones democráticas y con amplios procesos participativos y transparentes. Un frente soberanista no solo es necesario y tendría un espacio abarcador en el pueblo, sino que se impone como vehículo indispensable para alterar la inercia política de la que se alimenta la dominación colonial y los dueños del capital.

Es importante hablar claro y sin ambages. La crisis en Puerto Rico resume lo que ocurre a nivel mundial. Las relaciones de subordinación han fracasado, sean estas coloniales o neocoloniales. La pandemia del COVID-19 y la crisis climática han puesto de manifiesto la debilidad del Estado neo-liberal, en nuestro caso colonial, además. Su obsesión por destruir toda referencia a lo público, se ha estrellado contra la realidad dura e inobjetable. Nadie puede dudar de las claras manifestaciones que apuntan a un resurgir del sentimiento de comunidad. Ha sido, no solo la única opción sino la que ha funcionado frente a los eventos climáticos, los sismos y la pandemia. Por eso, esta crisis ofrece las oportunidades para redoblar nuestro mensaje renovado, firme y directo.

Las propuestas pertinentes las tenemos y, desde luego, requieren su revisión para fortalecerlas y comunicarlas. Algunas de éstas son referencias frecuentes en la discusión pública, como: un Sistema de salud universal; la reestructuración de la Seguridad Social y establecer un Retiro Universal; la protección celosa de nuestros recursos naturales para preservar la salud y la calidad de vida y reducir el impacto del calentamiento global; desarrollo y protección del mercado interno; cancelación de la deuda; eliminación de la aplicación de las Leyes de Cabotaje; el desarrollo agrícola moderno con la agroecología; fomentar el desarrollo de la producción de bienes esenciales que dependa mínimamente de las cadenas de producción de otros países; desarrollo de la actividad turística con un enfoque de sustentabilidad, responsable ambientalmente y centrado en el bienestar económico de nuestro pueblo; un nuevo sistema contributivo basado en que paga más el que tiene más; el fortalecimiento de la educación y la Universidad de Puerto Rico; la rehabilitación y desarrollo de los centros urbanos para dar respuesta a la necesidad de vivienda y al desarrollo económico local, y quitar presión de desarrollo a las áreas rústicas y de alto valor natural; fomentar la transportación colectiva y los medios alternos de movilidad; garantizar y ampliar los derechos democráticos y humanos; etc…

Si de algo no se nos puede acusar es de no tener ideas, ni propuestas. Eso sí, necesitamos acompañar el mensaje con dosis altas de insistencia y mucha perseverancia.

El MINH y el movimiento independentista en general tenemos el deber de mantener la reflexión sobre lo que hemos hecho, lo que debemos hacer y transformar todo lo que sea necesario. Somos conscientes que las organizaciones son un instrumento para el logro de las metas supremas, en nuestro caso, la independencia de nuestra Patria. Ya iniciamos ese proceso de reflexión que debe continuar en los meses siguientes y culminar en la Asamblea Ordinaria pautada para el próximo año. Los cambios son urgentes y debemos reconocer la importancia de realizarlos para hacer pertinentes nuestros esfuerzos y participación en esta hora tan crucial de nuestra historia.

A tenor con lo anterior, lo que decidamos hoy, en esta Asamblea Extraordinaria, debe procurar aportar al fortalecimiento de nuestra lucha libertaria más allá del 3 de noviembre.