Señor presidente, permítame felicitarlo en su elección a la presidencia del Comité Especial.  En estos momentos en que las pequeñas islas naciones están sufriendo directamente los embates del cambio climático, la presidencia de Antigua y Barbuda, islas que fueron tan severamente afectadas, aseguran que, en la agenda del Comité Especial, la atención a este tema esencial para la adopción de políticas sobre desarrollo sostenible contará con un liderato con conocimiento de primera mano del tema.

Los huracanes Irma y María de septiembre de 2017, dos huracanes de categoría 5, con sus fuerzas destructivas devastaron la Isla de Puerto Rico de esquina a esquina, destruyendo toda la infraestructura eléctrica, dejando la población a oscuras por meses. Al día de hoy todavía quedan miles de hogares sin electricidad. La actividad económica se paralizó durante meses y los negocios siguen desapareciendo día a día.

Al igual que casi todos los Territorios No Autónomos aquí representados, somos una pequeña isla nación en la ruta de huracanes. No somos distintos en ese sentido de nuestros hermanos del Caribe Oriental, Dominica y Antigua y Barbuda, que sufrieron los embates destructivos de estos huracanes. La diferencia estriba en que estas pequeñas islas naciones tienen soberanía política, participan de las organizaciones internacionales con voz propia y pudieron movilizar agencias de la ONU, recibir ayuda de cualquier país del mundo que quisiera aportar y pueden acudir a buscar financiamiento internacional y tomar las decisiones sobre políticas económicas de desarrollo necesarias para la reconstrucción de sus islas.

Puerto Rico por otro lado, tuvo que esperar a que Estados Unidos decidiera cuándo, cómo y qué tipo de ayuda íbamos a recibir. Las brigadas de asistencia de desastres tardaron tres semanas en comenzar a llegar. Cuba nos ofreció de inmediato enviar brigadas médicas con hospitales móviles y brigadas de electricistas para levantar el sistema eléctrico. EE. UU. se negó a contestar el ofrecimiento, impidiendo la llegada de la tan necesaria asistencia médica y de electricidad que le ha costado la vida a lo que se estima debe ser alrededor de mil puertorriqueños que han muerto por causas directa o indirectamente vinculadas a los huracanes, mayormente por falta de acceso a diálisis, oxígeno y a operaciones y tratamientos médicos de emergencia.

Personalmente llamé al Programa Mundial de Alimentos, a la oficina regional para América Latina y el Caribe. Mi pueblo estaba pasando hambre porque los puertos estaban cerrados y no había diesel para mover la mercancía.  La contestación del programa fue que no podían hacer nada si EE. UU. no solicitaba la ayuda. Mientras, EE. UU. impedía que Venezuela nos hiciera llegar un barco con ayuda y una donación de 50,000 galones de diésel.

Esta inacción de EE. UU. es contraria a lo que la Comisión de Derecho Internacional identificó como las responsabilidades de los estados ante desastres naturales de dar asistencia humanitaria, buscar ayuda externa, coordinar actividades de socorro y comunicación, hacer disponible personal de rescate y socorro, equipos, recursos científicos, médicos y técnicos.[1]

El colonialismo, sigue tan cruel y genocida como en los años sesenta. Puerto Rico está en estos momentos siendo gobernada por una Junta de Control Fiscal de siete funcionarios nombrados e impuestos por el Congreso y el presidente de Estados Unidos. Este ente impuesto por el Congreso de EE. UU. pretende cobrar la deuda de los bonistas de Wall Street y los fondos buitres, en momentos en que Puerto Rico no solo está en quiebra, sino que ha sido destrozado por los huracanes. Para ello han ordenado la reducción del gobierno, la reducción de beneficios laborales tanto en la empresa privada como en el sector público, la reducción de las pensiones, el cierre de 300 escuelas, la reducción de los fondos de la Universidad de Puerto Rico y el alza en el costo de la matrícula, la derogación de leyes de protección ambiental, la desregulación de los permisos de desarrollo y construcción para permitir el desarrollismo salvaje desvinculado del bienestar de las comunidades y la privatización de servicios esenciales como son la energía, el agua y la salud.

Necesitamos el apoyo ante la urgente necesidad de tomar medidas que posibiliten el desarrollo sostenible de nuestra isla nación, la defensa contra los depredadores de Wall Street y los fondos buitres y que se promuevan políticas internacionales dirigidas a atender las crisis humanitarias provocadas por las manifestaciones del cambio climático, como son los huracanes y otros eventos atmosféricos.

La CEPAL en su Segundo informe anual sobre los progresos y desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la América Latina y el Caribe nos alerta sobre la vulnerabilidad que enfrentamos por los cambios climáticos y como estos se agravan ante la situación de desigualdad que viven nuestros pueblos: Cito:

‘5. Los asentamientos humanos vulnerables y los fenómenos climáticos:

En América Latina y el Caribe, el número de eventos extremos relacionados con el cambio climático ha crecido de manera constante desde la segunda mitad del siglo XX (CRED, 2016) y exige aplicar políticas estructuradas de adaptación al cambio climático (véase el gráfico II.20). Los fenómenos naturales, según ONU-Hábitat (2012), han afectado a aproximadamente 160 millones de habitantes de América Latina y el Caribe en las tres últimas décadas. Entre 1970 y 2009, casi 130.000 personas fallecieron como consecuencia de desastres en 12 países de la región, y los daños económicos fueron de 356.000 millones de dólares. El 60% de ellos correspondían a eventos climáticos. UNISDR[2] (2016) calcula que, entre 1990 y 2013, más de 43.000 personas fallecieron y 126 millones de personas fueron afectadas por desastres de diversas magnitudes en 16 países de América Latina y el Caribe.

El impacto de estos eventos en la población no es homogéneo. Por ejemplo, se estima que la pérdida económica para la población que vive en situación de pobreza es de dos a tres veces mayor que para quienes no son pobres (Cecchini, Sunkel y Barrantes, 2017). Esto se debe tanto a la vulnerabilidad de sus activos (Hallegatte y otros, 2017), como al limitado acceso que tienen a los instrumentos de gestión del riesgo ante los desastres (Vakis, 2006). Esta evidencia habla de la necesidad de articular las políticas de diversos sectores que puedan responder de manera complementaria ante la ocurrencia de estos eventos, tanto en términos de prevención como de mitigación. .[3]

La Agenda 2030 llama a que se tome acción urgente para combatir los impactos del cambio climático: Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

Entre las recomendaciones se encuentran:

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados al cambio climático y desastres naturales

13.2 Integrar medidas sobre cambio climático a las políticas públicas.

13.3 Mejorar la educación y la concientización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del impacto del cambio climático, la adaptación, la reducción de impacto y aviso temprano. Esto incluye la implementación del compromiso contraído por las naciones desarrolladas en su objetivo de movilizar $100 millones anualmente para el 2020 para atender las necesidades de las naciones en desarrollo en el contexto de acciones significativas de mitigación y la transparencia en la operacionalizad del Fondo Verde Climático.

En el programa 2016-2017, CEPAL reiteró la importancia de que las unidades nacionales y subnacionales adopten políticas públicas para atender los objetivos de la agenda 2030 relacionadas al punto 13 de cambio climático. A esos efectos las recomendaciones contenidas en el subprograma 8:[4] Cito:

“Finalmente, la tercera área se centra en el cambio climático, que constituye un tema clave de la agenda ambiental internacional. La respuesta al cambio climático en los países de América Latina y el Caribe aún tiene un potencial no explorado para integrar políticas ambientales, sectoriales y económicas, en las que la adaptación y la reducción de las emisiones en las ciudades metropolitanas e intermedias de la región resultan sumamente importantes. En relación con este tema, la política fiscal, apoyada por una reforma de los impuestos ambientales, constituye una herramienta esencial en la transición hacia un desarrollo sostenible con inclusión social. También existen claras sinergias entre las estrategias de adaptación al cambio climático y las que tienen como objetivo proteger uno de los principales activos de la región: la biodiversidad. Las actividades de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques constituyen el ejemplo más claro de estas sinergias. La evaluación del riesgo de desastres, la gestión de riesgos y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático seguirán formando parte de las actividades del subprograma.”

Para los Territorios No autónomos, la inacción, falta de compromiso y en muchos casos entorpecimiento por parte de las mal llamadas potencias administradoras, o sea, potencias colonialistas, impide que se adopten las políticas públicas necesarias y se nos excluye de las discusiones indispensables para entender, educar, planificar, mitigar y atender con efectividad los impactos adversos del cambio climático, partiendo de nuestra realidad y entorno geográfico particular. Esta es una razón de peso para que este Comité Especial apure la agenda de descolonización y Dios no permita que tengamos que adoptar un Cuarto Decenio de Descolonización, dejando a nuestros pueblos bajo el colonialismo que constituye[LR1] una amenaza destructiva de nuestros pueblos y pequeñas naciones islas. Sin los poderes de la soberanía no podemos participar efectivamente en la adopción de las políticas públicas, adquirir inteligencia científica y tecnológica y sobre todo tomar decisiones a base de los intereses de desarrollo de nuestros pueblos. Mientras sigamos siendo economías de enclave al servicio de los poderes metropolitanos estaremos abocados al empobrecimiento, el endeudamiento, la dependencia y la eventual destrucción y desaparición de nuestros pueblos autóctonos. Ya en la Islas Vírgenes estadounidense la población originaria es una minoría. Ya hay más puertorriqueños en EE. UU. que en Puerto Rico, 5.2 en EE. UU. y 3.4 en Puerto Rico antes de María. La emigración post María se calcula en 100 mil personas.

Este es el futuro que nos depara no solo a los Territorios No autónomos sino a las pequeñas Islas naciones que hoy disfrutan de su soberanía nacional. Si no nos organizamos para defender nuestras islas de los que ven en nuestras hermosas islas solo un lugar de vacaciones y piñas coladas servidas por los nativos, los que nos depara el futuro es la desaparición de lo más hermoso que tenemos: nuestra diversidad cultural, de lenguas y los hermosos arcoíris de colores que nos caracteriza.

9-11 mayo, 2018

Grand Anse, St. George’s, Granada

[1] James McAdam, Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards (May 2011).

[2] United Nations International Strategy for Disaster Reduction

[3] Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43415/1/S1800146_es.pdf

[4]SUBPROGRAMA 8: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/programa_2016-2017_desarrollo_sostenible.pdf

[LR1]