El lunes, 3 de diciembre, oí a un político que lleva 45 años inscrito en la OGP (KM-PNP), decir la siguiente frase: «en Puerto Rico se hace una comparación de los sueldos de los legisladores con los de un plomero o los de los ‘whatever’». Su argumentación iba en la dirección que no se puede comparar a un empleado (cualquiera) con los honorables miembros de la Legislatura.



El uso del término “whatever” al referirse al universo de empleados y trabajadores parte de una visión de privilegio de clase que le confiere haber recibido el aval del pueblo para representarlo y servirle. Se convierten en casta privilegiada incomparable con el humilde pueblo trabajador. Y esa ha sido la evolución de la clase política de Puerto Rico que se ha turnado la administración del poder desde 1948.

No hay posibilidad de redención de esta clase política. Ya han internalizado tanto su “derecho” a una posición de privilegio elitista que no tiene forma de erradicarse de sus ideologías y pensamientos políticos. Las manifestaciones son claras y contundentes: la negativa de RHC y CRB a renunciar a las escoltas policiacas en momentos de crisis fiscal-económica donde todos los días se despoja más y más al pueblo, no solo de derechos adquiridos, sino de derechos de servicios esenciales como lo son la educación, la salud, el transporte público, la seguridad, el mantenimiento de infraestructuras y el acceso a la cultura y el deporte.

Como bien dijera el recién juramentado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobiernos ricos con pueblos pobres. La asignación de salarios astronómicos a funcionarios en el momento de mayor pobreza del pueblo es una inmoralidad que ofende la conciencia de los que creemos en la igualdad y la justicia para todos. La compra de vehículos de lujo, los usos de bienes del pueblo (helicópteros) asignados a asuntos neurálgicos como la seguridad, los contratos millonarios de publicidad, los contratos millonarios para asuntos de tecnología para educación, que si bien podrían ser necesarios, grita el que se hagan cuando cierran escuelas, acomodan a los niños en furgones y mantienen a los maestros pauperizados en el presente y desprotegidos en el futuro, son muestras de que para el gobierno lo más importante es la forma y no el contenido de sus políticas. Son muestras de que no hay planes de desarrollo económico dirigidos al objetivo fundamental, que debe ser la erradicación de la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad.

Seguimos viviendo en el espejismo de una democracia que no existe ni tiene contenidos democráticos. Es como el castillo de Cinderella en Disney World, que es solo una fachada. No puede haber democracia con siete procónsules, una juez de otro país y una ucraniana tomando las decisiones económicas y de política pública que les corresponderían solamente a los funcionarios elegidos —con todas sus deficiencias— del pueblo de Puerto Rico. Parecería que me contradigo, pero no. El pueblo de Puerto Rico tiene que aprender que si va a ejercer los limitados poderes democráticos que le confiere la colonia, debe escoger personas que vayan a representar los intereses del pueblo, que vayan a servirle al pueblo y que entiendan que son empleados del pueblo, de los “whatevers”, que estos son sus jefes y es a ellos que tienen que servir. Y si ya no hay posibilidad de cambio a través de las urnas, entonces siempre queda el derecho del pueblo a rebelarse. Eso nos enseñaron los fundadores del país al que pertenecemos, pero no somos parte de. Hay muchas formas de rebelarse. Lo hicimos en Vieques y ganamos. Podemos, tenemos que rebelarnos contra la dictadura de la junta y la partidocracia. Solo el pueblo salva al pueblo.

(El Vocero)