La fragilidad alimentaria del pueblo de Puerto Rico se ha acentuado con el leve roce del huracán Irma a nuestra isla. La falta de electricidad impacta de manera particular y grave a los que venden alimentos al detal y a los que ofrecen servicio de restaurante. En el Viejo San Juan los restaurantes de la calle San Francisco, alrededor de la Plaza Colón, así como de la Plaza de Armas y otros hicieron esfuerzos por abrir, aunque parcialmente, pero ya vendido lo que tenían congelado y en buenas condiciones no se pueden reabastecer por falta de enfriamiento.

El único colmado que sirve al Viejo San Juan, Supermax, ya no tenía huevos, leche, mantequilla y encima la planta eléctrica le falló, obligándolo a cerrar. El Viejo San Juan tiene una población significativa de personas adultas mayores que no tienen transportación y que viven en el Viejo San Juan por la facilidad de tener todos los servicios al alcance sin salir del casco.

Los vecinos nos hemos ayudado como podemos, desde comidas compartidas y electricidad compartida de los que tienen luz o plantas con los que no la tienen. Asumo que esta experiencia nuestra se repite por toda la isla en los lugares que no ha llegado la electricidad.

Pero lo que más me preocupa es la exposición que tenemos como pueblo en el asunto alimentario al no tener la posibilidad de pedir ayuda a nuestros vecinos que podrían vendernos alimentos y transportarlos directamente a los puertos de San Juan sin tener que pasar por cambios de barcos en Jacksonville, Florida. El cierre de dicho puerto resulta en tema de seguridad alimentaria para nuestro pueblo. El no poder recibir alimentos por días es de por si un problema monumental debido a nuestra dependencia de importación de Estados Unidos del 85% de lo que consumimos. A eso añádale que, como norma, la calidad y cantidad que siempre nos llega es inferior a la que se dispensa para los residentes de Estados Unidos y a precios a veces tres veces más caros, ¡imagínense ahora que hay dos estados, Texas y Florida, severamente impactados por huracanes nos llegarán las sobras de lo que no quieren, si nos llegan.

Esto dramatiza dos asuntos neurálgicos para nuestro pueblo: lo perjudicial que resulta la aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, de la cual la Islas Vírgenes Estadounidense y Guam están exentas; la urgente necesidad de hacer de la agricultura un asunto de política pública de seguridad nacional y de verdaderamente invertir, estimular y apoyar todo esfuerzo agrícola que pueda desarrollarse en Puerto Rico.

Hago un llamado al Municipio de San Juan a reorientar su política sobre las Plazas de Mercado, para ponerlas a disposición de los cientos de jóvenes agricultores que están produciendo productos de primera calidad y que no tienen forma de ofrecerlos salvo los mercados agrícolas de fines de semana. Asímismo, hago un llamado al Gobierno de Puerto Rico a que en consulta con los agricultores, se establezca una política pública de emergencia nacional para buscar y proveer todo la ayuda y apoyo a nuestros agricultores. Me parece, por lo que he visto y oído del actual Secretario de Agricultura, Carlos Flores Otero, quien tiene el apoyo de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, que es una persona sencilla y con disposición a escuchar. Solo enfatizo que deben incluir a los cientos de agricultores jóvenes que tanto deseo tienen de aportar a su patria.

No quisiera ver en Puerto Rico el triste momento de ver a nuestro pueblo saqueando tiendas para poder comer. Si el Gobierno de Puerto Rico no exige el levantamiento de las leyes de cabotaje de forma permanente y reconoce la urgencia alimentaria estará cometiendo un crimen contra nuestro pueblo.