En estos momento está bajo escrutinio público el arrendamiento otorgado para un CESCO a una compañía de la familia Crespo, grandes donantes del PPD. Pero éste no es el único arrendamiento que debe estar bajo escrutinio.

En las pasadas semanas he acudido al nuevo Centro Judicial de Caguas en gestiones profesionales. Cada vez que entro a ese mausoleo a la inequidad en este país me indigno.

¿Cómo es posible que, en medio de la crisis económica que padece este país, una ciudad de una isla empobrecida requiera de una estructura de lujo para la noble tarea de impartir justicia? Los números son apabullantes: el arrendamiento es por $1.4 millones mensuales. En 30 años, si no hay aumentos, se habrá pagado $504 millones en arrendamiento y finalmente el edificio sigue siendo de una entidad privada.

Según me informaron, el Departamento de Justicia ha optado por dejar Fiscalía y a los procuradores en el antiguo edificio porque no pueden pagar el canon mensual que se les pidió. Bien por el Departamento de Justicia.

El edificio está chapado en mármol hasta el techo. Es un edificio gigantesco que requiere caminar largas distancias para desplazarse de un sitio a otro, muy inconveniente para discapacitados, ancianos y mujeres con niños pequeños, los sectores más vulnerables del sistema de justicia.

¿Es que para impartir justicia se necesitan edificios lujosos? ¿No seria mejor invertir el dinero en jueces, bien preparados, éticamente responsables? ¿Qué es lo que hace falta para impartir justicia verdadera? No es la jaula lo que hace bello al pájaro.

Al igual que el caso del CESCO, nos cuestionamos, si hay miles de pies cuadrados en edificios de gobierno vacíos, en deterioro, ¿por qué hay que acudir a contratar compañías privadas para construir monumentos a la corrupción?

Lo dicho, en este país siempre ha habido un solo partido en el gobierno: el partido de los billetes verdes.