“Si no hay cambios, no hay luz al final del túnel”. Éste es el pronóstico del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, crítico de las políticas de austeridad adoptadas en la Unión Europea en respuesta a la crisis económica.

Advertencia que hasta ahora han desoído allí con resultados desastrosos para sus ciudadanos: desempleo, pérdida de vivienda, desmantelamiento del estado de solidaridad social, convulsión ciudadana.

Los países que sí han cambiado el rumbo recomendado por las instituciones financieras europeas, han podido detener el deterioro acelerado de sus economías, como está sucediendo en Islandia e Irlanda. El contraste con lo que sucede en España, Portugal, Italia y Grecia es significativo. En España rescatan a los bancos mientras miles de ciudadanos y emigrantes son desahuciados de sus viviendas. Los desahucios han ocasionado suicidios y violentos enfrentamientos entre las personas y la Policía que asiste a los representantes bancarios. Encima, en muchos casos tienen que continuar pagando la deuda después de haber perdido sus viviendas. En Grecia, un envejeciente se suicidó frente al parlamento ante la perspectiva de vivir una vida indigna de pobreza. Las protestas son diarias con destrucción de propiedad pública, consecuente represión y descontento generalizado que prácticamente ha paralizado al país.

Pérdida de pensiones, desempleo, desahucio y hambre no puede ser el destino al que se condene a un pueblo por la irresponsabilidad financiera de los bancos. Por eso, en una crisis fiscal, el gobierno define con sus políticas económicas a quién va a rescatar, a quién va a proteger y a quién va a responder. Ya varios gobiernos han declarado las deudas con las instituciones financieras mundiales como odiosas y se han negado a comprometer un porcentaje significativo de sus ingresos al repago de las mismas. El resultado ha sido que ahora son los países que están en crecimiento en América Latina. Sin dejar de pagar, se han negado a quitarles la solidaridad social a sus pueblos, reestructurando los pagos de la deuda pública de forma tal que no deje al gobierno sin recursos para atender las necesidades de sus pueblos.

Luis Fortuño es de esos gobernantes que gobierna para los bonistas de Wall Street. Mientras lanza a la calle a miles de trabajadores, no escatimó en gastar millones en agencias de publicidad, Alianzas Publico-Privadas y mega-proyectos como el gaseoducto que ni siquiera tenían los permisos y licencias mínimas necesarias. La Legislatura se ha gastado millones en hacer muñecos y monumentos que han costado millones de dólares. Con cada muñeco presidencial se podrían haber retenido a varios padres de familia en el trabajo.

En el PPD ya se oyen los reclamos neoliberales de que el gobernador electo tendrá que hacer decisiones difíciles de las cuales estarán pendientes los bonistas de Wall Street y afectarán el rango crediticio de Puerto Rico. Estos mismos representantes de los intereses de los bonistas son los que por poco hacen que Alejandro García Padilla pierda las elecciones al desalentar su acercamiento a los sectores más progresistas del País, apoyar el voto por el “sí” en el referéndum constitucional y por el “sí” en el plebiscito. Los resultados están ahí: sufrió tres derrotas que pudo haber convertido en victorias y hacer que se levantase como un verdadero líder de su pueblo.

Entonces, señor gobernador electo, la pregunta fundamental es: ¿para quién va a gobernar? ¿Será el gobernador de los bonistas de Wall Street o será el gobernador de su pueblo?