Ha sido peor de lo que muchos pensábamos. Los resultados electorales acá y en Estados Unidos añaden veneno al drama, pero aún en la gravedad, en lo sustancial, el reto lo tenemos de frente tal como se presentaba antes del 8 de noviembre. La secuencia de los eventos siempre ayuda a recomponer el análisis sobre dónde nos encontramos.

Desde la discusión de los primeros proyectos sometidos en el Congreso de Estados Unidos dirigidos a imponer una Junta de Control Fiscal, se filtraba, a veces discretamente y en otras sin disimulo, el propósito y contenido ideológico de esa imposición colonial. La criatura tendría y sería dominada por el fundamentalismo republicano con la anuencia y bendición de la Casa Blanca. Muy pocas cosas lograron enmendar los demócratas de lo que fue el contenido del proyecto original y en algunos aspectos, la versión final aprobada fue peor.

Los republicanos se aseguraron que la mayoría de los siete miembros de la Junta viniesen de su secta. Aun así, los defensores de la Junta insistían la conveniencia de ésta, pues, para algunos se trataba de “un mal necesario”; una lastimosa expresión resultado de una falsa resignación de quienes no pueden pensar “fuera de la cajita”.

El 31 de agosto comenzó el desvelo de los ilusos. El anuncio del presidente Obama, designando los siete integrantes de la Junta tiene que haber provocado el primer desencaje mental. Un exfuncionario de la administración de Luis Fortuño, responsable de una parte significativa de la deuda del País, Carlos García, y un donante importante del PNP y del Partido Republicano, José Carrión III, fueron designados a la Junta, este último escogido como su presidente. ¿Habrá imparcialidad en las ejecutorias de estos funcionarios? Ninguna, como no la hubo antes. ¿Quedará afuera la influencia partidista? Claro que no.

La desilusión hizo su aparición rápidamente. La primera reunión oficial de los siete, celebrada en el vecindario de Wall Street, duró 29 minutos en un ritual ensayado y suficiente para que afloraran las altas dosis de desprecio de los integrantes de la Junta hacia el pueblo puertorriqueño. Con gran desparpajo anunciaron las primeras 22 agencias del Gobierno de Puerto Rico que serán intervenidas, incluyendo a la Universidad de Puerto Rico (¡ay de la autonomía universitaria!)

La segunda reunión, celebrada también en el entorno de la meca financiera niuyorquina, mostró el nivel de humillación y desvergüenza que el colonialismo representa. El gobernador se postró ante “la corte imperial” a merced de sus órdenes y les llevó a los siete procónsules el plan fiscal exigido, aún con el conocimiento de que no sería aceptado por las claras señales emitidas por la Junta. Aunque el contenido del plan sometido aseguraba su rechazo, el error fue participar del ritual y obsequiarle a la Junta la base desde la cual partir para la imposición de las políticas de austeridad.

Y si todavía quedaban dudas de la falsa ilusión, en menos de dos semanas se despejaron pues la agencia seleccionada para hacer las relaciones públicas de la Junta es una criatura y está vinculada al PNP, y su principal ejecutivo trabajó directamente con Carlos García. En otras palabras, simple y llanamente, a los miembros de la Junta ¡ni la forma les importa!

El mes de noviembre se inició con la imposición del Coordinador de Revitalización, Aaron Bielenberg. Otro acto de humillación. Según el comunicado de La Fortaleza, el gobernador Alejandro García Padilla declaró que escogió a Bielenberg luego “de haber analizado minuciosamente los candidatos que la Junta de Supervisión Fiscal sometió para mi consideración…” Nada de análisis “minucioso”, el gobernador simplemente sirvió como subalterno de los procónsules. Ejerció el triste papel de “escoger” a uno de los tres que la junta le impuso. ¡Da lástima tal genuflexión!

Llegó la tercera reunión de la Junta, esta vez escondidos en el extravagante “glamour” del hotel El Conquistador y bajo la costosa protección de sobre 500 efectivos de la policía de Puerto Rico, todo pagado con dinero del puertorriqueño, de un presupuesto con un déficit multimillonario. Pues bien, allí, en ese santuario de la austeridad, presentaron su sentencia maquiavélica contra el pueblo puertorriqueño. Ni el plan fiscal, ni los presupuestos venideros podrán contemplar aportaciones de programas federales que hoy se asignan, como los fondos del “Obamacare” o como los ingresos provenientes del arbitrio a las corporaciones foráneas dispuesto por la ley 154 y que estas empresas reclaman como crédito en EEUU. Para recordar cuál es la magnitud de lo exigido por la Junta, se trata de cerca de 3 mil millones de dólares anuales.

Terminando el mes del pavo, la Junta anunció la contratación del bufete de abogados O’Neill & Borges como una de las oficinas que le brindará servicios legales en Puerto Rico. Nuevamente se repitió el sesgo partidista, pues en esa oficina trabajaron quien preside la Junta Imperial, José Carrión III, el saliente comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi y actualmente trabaja el hijo de este último, Michael Pierluisi Rojo. De nuevo ¡ni la forma les importa!

Y como si fuera una metáfora a la inversa, el 30 de noviembre, junto con el cierre “oficial” de la temporada de huracanes, David Skeel, uno de los procónsules de la Junta, nos obsequió una columna en El Nuevo Día en la que nos auguraba mayores tempestades y vientos huracanados. Dice Skeel en su escrito: “Antes de que se pueda aprobar, el plan fiscal propuesto tiene que cumplir con 14 requisitos, tales como asegurar el financiamiento de servicios públicos esenciales, proveer financiamiento adecuado a los sistemas retiro de empleados públicos, eliminar los déficits estructurales, y mejorar la gobernanza fiscal, el rendimiento de cuentas y los controles internos”. La lista, muy selectiva, la presenta adrede con clara intención demagógica. En un ejercicio de manipulación, Skeel dejó fuera la exigencia de la Junta y de la ley POBREZA de pagar la deuda. Es esa exigencia, la principal razón por la cual la Junta rechazó el Plan Fiscal sometido por García Padilla. Es decir, el rechazo tenía que ver más con la reducción de la deuda y la aportación que el tesoro federal debía hacer según proponía el Plan de García Padilla que con los fondos federales no programados.

Pero el Plan Fiscal contiene en sus números una advertencia grave que los miembros de la Junta continúan ignorando (porque no la han refutado). El déficit financiero proyectado del Gobierno de Puerto Rico, de no tomarse acción, al cabo de diez años ascendería a $58,716 millones.  En cambio, asumiendo la implantación de las medidas de austeridad recomendadas por el Plan que incluye el recorte al servicio de la deuda de $34,258 millones, como quiera, el déficit sería de $5,656 millones. La pregunta que salta es ¿cómo se van a asegurar los servicios públicos esenciales sin una reducción significativa de la deuda y con 3 mil millones menos de ingresos de programas federales? La matemática no aguanta más torturas. Sencillamente, la deuda no se puede pagar.

Si bien la Junta omite referirse a la brecha fiscal que anticipa el Plan presentado por García Padilla, la administración penepé entrante parece que la ha tomado en serio. Tanto Ricardo Rossselló, Pedro Pierluisi y otros voceros de la palma han comenzado a cambiar su discurso. Ya no repiten que la deuda se puede pagar. Ahora insisten en la reestructuración de la deuda. Pero siguen pecando de llegar tarde y temen asumir la realidad. La crisis es mucho más grave y con muy pocas opciones en el presente marco político colonial. Con la imposición de la ley POBREZA, pagar la deuda solo es posible desmantelando el gobierno lo cual provocará una depresión económica aún mayor. Por eso, la reestructuración como posibilidad solo es viable si supone una reducción significativa y sustancial de la deuda y para ello hay que confrontar a la Junta y a quienes la impusieron y crearle una crisis política.

Como la ley que impone la Junta no contempla ninguna medida para atender la crisis económica estructural, que es la base de la crisis fiscal, y su intención manifiesta es pagarles a los bonistas con los recursos y presupuesto del gobierno de Puerto Rico, y sus poderes le permite privatizar y comercializar los servicios públicos, despedir empleados públicos, cerrar agencias, vender recursos naturales, reducir el salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años, reducir las pensiones, revocar los acuerdos de los convenios colectivos de los trabajadores y muchas otras medidas de austeridad y punitivas contra los sectores más vulnerables del País, la conclusión que aflora con nitidez y claridad es que la Junta es hoy el principal obstáculo, la enorme piedra en el camino para que los puertorriqueños podamos diseñar e implantar las alternativas que nos conduzcan hacia la solución de los problemas económicos, fiscales y sociales que padecemos.

Es inescapable la salida política, en efecto, es la principal para enfrentar este atropello.

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Foto: Luis López/MINH