El año 2016 se perfila como uno de intensa discusión sobre las relaciones jurídico-políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. La reciente posición asumida por el gobierno de Estados Unidos al comparecer ante el Tribunal Supremo de ese país expresó lo que la mayoría de los puertorriqueños damos por sentado, o sea, que la relación impuesta sobre Puerto Rico se enmarca, y está controlada, sin limitaciones, por los términos de la famosa cláusula territorial de la constitución norteamericana.

Resulta muy difícil retraerse y evitar hacer un análisis de los eventos que la pasada semana marcaron la vida de todos los puertorriqueños.

El periódico El Nuevo Día nos ha obsequiado, a un año de las próximas elecciones generales, otra de sus acostumbradas encuestas sobre el resultado de las mismas. El País parece paralizarse, y en muchos sectores hasta deleitarse, con los resultados porque en la inacabable e insufrible división interna, a la que estamos abocados, que algún jefe de tribu prevalezca sobre el otro jefe de tribu produce mucha alegría insana de un lado, o angustia y honda preocupación de otro lado.

El 29 de septiembre se celebró una audiencia en el Senado de Estados Unidos para examinar la situación fiscal de Puerto Rico. La presidió el senador Orrin Hatch y parte de lo que ocurrió allí entonces fue comentado en una excelente columna de Mayra Montero. No hay mucho que agregar a lo que recogió la periodista en términos de análisis y censura.