Al PPD le corresponde actuar |
Escrito por Noel Colón Martínez / MINH | ||||||||||||
Jueves, 15 de Octubre de 2015 00:32 | ||||||||||||
El 29 de septiembre se celebró una audiencia en el Senado de Estados Unidos para examinar la situación fiscal de Puerto Rico. La presidió el senador Orrin Hatch y parte de lo que ocurrió allí entonces fue comentado en una excelente columna de Mayra Montero. No hay mucho que agregar a lo que recogió la periodista en términos de análisis y censura.
Al PPD le corresponde actuar
El 29 de septiembre se celebró una audiencia en el Senado de Estados Unidos para examinar la situación fiscal de Puerto Rico. La presidió el senador Orrin Hatch y parte de lo que ocurrió allí entonces fue comentado en una excelente columna de Mayra Montero. No hay mucho que agregar a lo que recogió la periodista en términos de análisis y censura. Sin embargo, como la actuación de Estados Unidos es tan arbitraria e injusta en su atención a los graves problemas de nuestro país y como no podemos cesar en el empeño de descolonizar la conciencia del puertorriqueño, se convierte en un deber seguir haciendo señalamientos de injusticias graves. Sobre todo tenemos que continuar remachando lo que Hatch nos recordó: ellos no quieren que les hablemos del estatus político, ni de la posibilidad de un rescate económico o lo más que se parezca a un rescate. Prefieren que les digamos qué hemos hecho con los dineros que nos están “regalando” y porque nos somos transparentes. Que sea transparente es la obligación de la colonia frente a uno de los sistemas políticos y económicos menos transparentes del mundo. Pero como Melba Acosta, representante del gobierno en la audiencia de Hatch, se declaró culpable de falta de transparencia, unas semanas después se han desatado sobre el país una serie de investigaciones sobre mal uso de fondos federales que parece que van a cubrir a todo el gobierno. Están diciéndole al gobierno de Alejandro García Padilla que ellos tienen en reserva una buena cantidad de investigaciones, viejas y nuevas, para justificar su inacción con relación a Puerto Rico. La prensa del pasado fin de semana señala, con exquisito cinismo, que Obama dice que piensa en la Isla. Así lo dice el titular de El Nuevo Día dominical. Con una foto de Obama, el titular señala: “Dice que piensa en la isla”. Ocurrió que en un acto anual que celebra el Caucus Hispano en la ciudad de Washington, Obama se refirió a la necesidad de “seguir creando buenos puestos de trabajo” “para que cada familia sienta la recuperación económica de nuestro país en sus vidas”. Cuando decía eso parece que recordó que estaba frente a dos mil personas convocadas por el caucus hispano y que Roselyn Sánchez, puertorriqueña de pura cepa, era la maestra de ceremonias de la actividad, y entonces añadió: “y eso incluye las familias en Puerto Rico”. ¿Pero de qué recuperación económica y de qué buenos puestos de trabajo pueden hablar los puertorriqueños? Con muy buen juicio Pedro Pierluisi, al reaccionar a las palabras de Obama, expresó:... “los puertorriqueños no están satisfechos con meras palabras”. Pierluisi fue igualmente certero y valiente al señalarle a Hatch en la audiencia del 29 de septiembre que Estados Unidos es igualmente responsable de la crisis por la que atraviesa Puerto Rico. Obama no ha estado receptivo a importantes reclamos de nuestro país. Desde mi punto de vista ofendió gravemente a nuestro pueblo cuando incorporó la suma de $2.5 millones de dólares para un plebiscito bajo supervisión del Departamento de Justicia federal sobre las alternativas de estatus a someterse al electorado. La cúpula del PPD irresponsablemente le dio la bienvenida a esa legislación indigna y violatoria del derecho internacional. Ese presidente ha tenido oídos sordos al reclamo que trasciende nuestras fronteras para que realice un acto de justicia en el caso de nuestro preso político Oscar López. Ha demostrado hostilidad, animosidad e indiferencia ante un reclamo de derechos humanos en el caso de Oscar. Ha demostrado insensibilidad humana, pues la nueva conciencia humana considera una sentencia tan prolongada como un castigo cruel e inusitado y él lo sabe pues fue entrenado para no permitir ese tipo de castigo. La nueva penología no se aviene y rechaza esas prolongadas venganzas contra los seres humanos. Eso no es justicia criminal del Siglo 21, eso es normativa residual del siglo 19. Obama sabe que con los viequenses persiste una política de indiferencia, de arrastrar los pies en el cumplimiento de su deber de sanear totalmente esa isla luego de la terrible contaminación que la Marina de guerra de su país acumuló allí por décadas. Obama prácticamente ha desmembrado el grupo intergubernamental que resultaba ser el único vínculo amplio de Puerto Rico con el gobierno de Estados Unidos. En sus inicios, bajo el presidente Clinton, ese grupo presumía ser el eslabón exclusivo para dar un tratamiento y reconocimiento a las necesidades especiales de los puertorriqueños que residimos acá. Las aberraciones del presidente George W. Bush y su justificado menosprecio por el Estado Libre Asociado, que fue creación de ellos, terminaron concluyendo con una conducta igual de parte de Obama. Ahora hemos vuelto a la realidad inevitable de la Ley Foraker y Jones. Ahora se atienden los asuntos con los funcionarios del gobierno de Puerto Rico a los niveles que Obama decida. Él personalmente aparece siempre ausente, siempre indiferente, siempre ajeno a nuestras necesidades y siempre ignorando las promesas que le hizo a Puerto Rico durante su primera campaña por la presidencia. Ya no habla de autodeterminación política, de la similitud entre colonia y territorio, de la necesidad de descolonizar a Puerto Rico. Al contrario, cuando ofreció los $2.5 millones para un plebiscito lo condicionó a que las alternativas de estatus fueran conformes al derecho constitucional de Estados Unidos. Y terminó, bajo Fortuño, favoreciendo un tipo de plebiscito donde la estadidad tendría una ventaja inicial significativa. El 17 de julio del corriente año el senador Orrin Hatch le pidió por carta a Obama que le explicara las acciones que está tomando su gobierno para atender las tensiones creadas con motivo de la crisis por la que atraviesa Puerto Rico. En la misma fecha le pide al Secretario del Tesoro que rinda cuentas sobre la política pública del gobierno ante la crisis fiscal de Puerto Rico y sobre un asunto que pende como espada sobre nuestra reforma contributiva, como es sobre qué pasará con el crédito federal al impuesto de 4% en las ventas de las corporaciones de control foráneo. No hay en este momento un solo líder de gran relevancia en Estados Unidos que plantee la necesidad de resolver nuestros problemas incorporándonos como otro estado de la federación. Los que defienden esa alternativa lo saben pero prefieren continuar con el engaño electoral de la anexión. Las graves contradicciones que presenta el dilema actual de las relaciones políticas sólo se resuelve cuando nos juntemos los que aspiramos a soluciones diferentes en el seno y el marco institucional de un mecanismo como la asamblea constitucional de estatus. La mayoría de los independentistas hemos logrado ese consenso procesal pero estamos a poco más de un año de las elecciones y las fuerzas soberanistas del Partido Popular no han logrado impulsar el cumplimiento de una promesa programática que ya parece contar con una mayoría del electorado de ese partido. La experiencia me dice que si no cumplen esa promesa no deben soñar con una victoria electoral. Solamente la convocatoria a una asamblea que ejecute la voluntad del pueblo, y no de los partidos y organizaciones, será atendida y respetada por Estados Unidos. El sector soberanista del PPD tiene que darse prisa en lograr que su fuerza sea respetada y las promesas cumplidas. A mi juicio, ese ejercicio es la única manera de hacer a ese partido más democrático, más ideológico y más participativo. La oposición política, por voz de Rosselló y de Pierluisi, tiene anunciado que respetarán esa convocatoria. Al PPD le corresponde actuar. |
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