Aunque las encuestas de El Nuevo Día son inaceptablemente e inconvenientemente prematuras, éstas nos han confirmado algo que todos sabemos: la administración de Alejandro García Padilla está en graves aprietos. Podemos señalar 10 factores pero, a mi juicio, los mismos se reducen a un factor predominante: de Fortaleza no fluye el liderato y la fuerza para darle una dirección coherente a las políticas públicas que establecen las ramas políticas del gobierno. Se trata del cumplimiento de los compromisos programáticos, que a fin de cuentas es lo que mantiene la confianza en el liderato político.

Esos compromisos programáticos son a manera de un contrato o convenio entre el elector y su gobierno que se sella el día de las elecciones. Si aspiramos a que las candidaturas y las primarias se acerquen lo más posible al día de la elección, hacer fiesta con encuestas dos años antes de las elecciones es moverse de forma contraria a toda la tendencia y la práctica moderna en el ámbito electoral.

El Gobernador no sólo ha rehusado cumplir con ese mandato electoral sino que ha acudido a subterfugios que le están rebotando fuertemente, y a la vez ha impuesto una especie de veto a las comisiones legislativas que ya estaban listas para actuar frente a una multiplicidad de proyectos que reafirman el interés en promover la asamblea como el único curso de acción correcto políticamente y democráticamente.

Uno de los grandes subterfugios fue darle carácter congresional vinculante a un futuro plebiscito que pudiera aprobarse en Puerto Rico bajo medidas y limitaciones impuestas por el Procurador General de Estados Unidos. El elemento vinculante lo forzaron por la aprobación que impuso el Congresista José Serrano en la subcomisión de asignaciones para la introducción de los 2.5 millones de dólares solicitados por Obama. Esos 2.5 millones fueron un rabo impuesto al esencial proyecto de asignaciones. Esos rabos (raiders), si no se aprueban ponen en riesgo todo el proyecto al cual se adhieren.

Creo que el resultado de las elecciones congresionales, como se anticipaba, ha constituido un repudio al Presidente y ha transferido el poder congresional a los Republicanos. Es obvio que en ese nuevo panorama al Gobernador de Puerto Rico no se le ocurrirá convocar un plebiscito e intentar negociar con un nuevo procurador las fórmulas que puedan ser constitucionalmente viables y aceptables para un congreso Republicano. A mi juicio, ese proceso está muerto y sepultado por el arrollador resultado de las elecciones congresionales.

El representante Luis Vega Ramos ha planteado inmediatamente después de las elecciones congresionales la necesidad de que la estrategia del PPD sobre estatus sea reexaminada tomando en consideración la nueva realidad de la pérdida de poder Demócrata en el congreso. Es evidente que una discusión que incluya aspirar a que se considere la estadidad como una solución al problema colonial está condenada de antemano a una derrota o a una premeditada indiferencia en un congreso presidido por Republicanos. Ahora, como nunca antes, la camada política de ambos partidos principales que provienen de poblaciones blancas y protestantes tiene sus banderas en alto para detener el impacto del multinacionalismo en Estados Unidos. Ese país está mostrándose más conservador y está regresando a políticas muy excluyentes, racial y económicamente. Ya el seguro líder de la mayoría en el Senado le ha advertido a Obama que como se le ocurra utilizar mecanismos ejecutivos (órdenes ejecutivas) para facilitar la legalización de inmigrantes, ello será como poner una bandera roja frente al toro.

Es sencillamente vergonzoso que el liderato de nuestros dos partidos principales no se perciban a sí mismos como unos instrumentos inútiles colocados para dar vueltas a la noria dentro de la muy corrupta política norteamericana. No acierto a pensar cómo es posible que haya puertorriqueños que entiendan que la estadidad es probable o aun posible. No me resulta ya fácil pensar que haya gente nuestra que,  viendo lo que ocurre en la región latinoamericana, rechace la lucha por nuestra independencia. Que tanta gente preparada no se haya enterado que más del 75% de las actuales naciones libres eran colonias explotadas hace relativamente poco tiempo. Que el mundo vive aspirando al disfrute de derechos y libertades. Que la democracia capitalista es un mito, una ficción abominable.

Atilio Borón, ese acucioso analista argentino de asuntos internacionales, cita al diplomático canadiense Peter D. Scott, quien ha demostrado cómo la parafernalia democrática de Estados Unidos no alcanza para disimular la presencia decisiva de lo que él llama “el estado americano profundo”. Según este autor, las grandes decisiones de ese país se toman en el subsuelo del sistema político, sitio donde se entrelazan los intereses financieros y los del complejo militar- industrial y se fija el rumbo que habrá de seguir la gestión de la cosa pública que luego será comunicada y puesta en práctica por los impotentes actores que ocupan la escena política actual y que la ciudadanía ha sido habituada a considerar como sus gobernantes. ¿Elecciones de medio término en Estados Unidos? So what?, se pregunta Borón.

Es necesario insistir en la necesidad de revaluar las maneras de hacer política desde la perspectiva del independentismo. Estamos detenidos en el tiempo. Desde hace ya algún tiempo decidimos que nuestros votos a nivel municipal debían ser ponderados desde perspectivas no partidarias y ha sido de relativo éxito ese proceso que ha sido virtualmente aceptado por el independentismo que acude a las urnas. Tenemos que crear, fundar o restituir el diálogo político. El colonialismo nos ha dado duro y nos está paralizando para la acción amplia y eficiente.