La Asamblea Legislativa de Puerto Rico está entrando a la mitad de su mandato electoral habiendo desatendido promesas importantes del programa político que le ofreció al país como parte de la pasada campaña electoral. Uno de esos compromisos programáticos lo constituye la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus. Ese compromiso está contenido en las páginas 248 a 251 de su programa o plataforma, que viene a ser el contrato político que ese partido realizó con su electorado. Esa promesa no se hizo en el vacío.

En noviembre del año electoral el PNP forzó sobre el país un plebiscito que, en sus resultados, manifestó una derrota de proporciones inesperadas pues el electorado mayoritariamente votó en contra de las actuales relaciones políticas con Estados Unidos. Como la estructura de relaciones fue revisada en 1952 para que el ELA supuestamente estableciera una nueva manera de relacionarnos, la votación resultó en una votación adversa al ELA. Aunque el electorado descargó su ira contra el PNP como partido de gobierno y le dio una victoria muy reducida a los que defendían al ELA la voluntad del electorado estaba clara. Esa relación es de naturaleza colonial y electoralmente fue repudiada en noviembre de 2012. Son debatibles los reclamos de que la estadidad ganó la consulta pero no así que el ELA fue derrotado sin que hubiera que hacer un gran trabajo político para derrotarlo. El cansancio político con el régimen colonial surgió nítido a la superficie.

Ante esta situación el PPD tenía un plan B que fue consignado en su programa político. El programa establece que luego de las elecciones, si el Presidente de Estados Unidos, en el plazo de un año a partir de enero de 2013, no remitía legislación al Congreso para la celebración de un plebiscito con aval congresional y con alternativas que Estados Unidos (Presidente y Congreso) estén dispuestos a convertir en autoejecutables, Puerto Rico tomaría la iniciativa. Esa iniciativa consistiría en que el Gobernador sometería legislación para la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus. Es interesante que lo que era una promesa de gobierno si el PPD ganaba las elecciones, en el programa se aclara que el “PPD se compromete formalmente a legislar para constituir una Asamblea Constitucional de Status”.

Todos sabemos que el PPD no prevaleció en su intención de llevar a Wáshington a Rafael Cox Alomar y que, por el contrario, la influencia de éste en los organismos de ese partido parece haberse afectado muy negativamente. De modo que las riendas del proceso de estatus en Wáshington quedaron en manos de Pedro Pierluisi, lo que ha tenido el efecto más favorable para Estados Unidos: Gobernador, Cámara y Senado en manos de un partido en Puerto Rico y la posición de Comisionado Residente en manos de un funcionario de otro partido. Escenario perfecto para no hacer nada en Wáshington. Y escenario también muy favorable para los que en el PPD han luchado tradicionalmente para que no se mueva el asunto del estatus político.

Ahora, con la crisis económica real que dejó como legado la administración Fortuño, ha resultado más cómodo para los inmovilistas del PPD desentenderse del asunto del estatus y de sus promesas y obligaciones programáticas. Aunque son varios los proyectos para iniciar un proceso de vistas públicas en Cámara y Senado, o de manera conjunta, la urgencia no asoma por ningún lado a pesar de las gestiones que continuamente se realizan para alertarlos sobre el incumplimiento tanto de parte del Gobernador como de la Asamblea Legislativa. El Colegio de Abogados, el PIP, ocho senadores, el grupo de representantes más identificados con la soberanía política encabezados siempre por el amigo Luis Vega Ramos y otras fuerzas políticas aliadas de la descolonización del país, no han logrado aún soltar el nudo que parece mantener el asunto sobre la mesa sin dejarlo caminar.

El PPD ganó las pasadas elecciones porque el PPD logró ganar el municipio de San Juan. Fue la abundante mayoría lograda con la candidatura de Carmen Yulín Cruz la que alimentó la candidatura a Gobernador e hizo posible la estrecha victoria a la gobernación. Sin menospreciar esa candidatura en San Juan, soy del criterio que el planteamiento sobre la necesidad de una convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus fue factor importante y favoreció en no poca medida la elección de Carmen Yulín.

El Colegio de Abogados y su Comisión de Desarrollo Constitucional le han impartido al mecanismo procesal una legitimidad y fortaleza que no le podría impartir ningún partido político. Sé, porque se me explicó en su momento, que el PPD le concedió al tema de la Asamblea un valor político apreciable. En el caso de la actual Alcaldesa, ésta se forjó, con extraordinario sacrificio, un camino a la victoria electoral aun tomando distancia prudente de un partido que, en muchas ocasiones, es manejado por líderes que no responden a los reclamos del pueblo sino a sus propios intereses políticos y personales.

He dicho antes que se le está haciendo tarde al PPD para cumplir su promesa de atender el problema del estatus. Para atenderlo bien es necesario lograr un proceso legislativo cuidadoso y depurado que le gane aprobación al mecanismo y que no resulte, como en tantas ocasiones, que el trámite daña la esencia del proceso, su transparencia y la voluntad democrática que debe acompañarlo a través de todo el trámite.

En la medida en que el PPD arrastra los pies en esa misma medida se acercan las próximas elecciones. No importa el resultado de estos procesos habemos electores que no habremos de votar por el PPD por otras diferencias fundamentales, pero nosotros no somos los típicos votantes puertorriqueños. Para muchos, el cumplimiento de las promesas programáticas se torna muy importante y sin compromisos ideológicos muy acentuados, se mueven de una votación a otra con suma facilidad. Fortuño ganó por más de 200,000 votos en su elección a la gobernación y los perdió todos en su segundo intento al conducir una administración llena de favoritismos y corrupción. Al PPD, en estricta aritmética, se le debiera hacer más evidente una pérdida si la percepción es que prometió asuntos que no tenía la voluntad de cumplir, pues después de todo ganó por escasos 11,000 votos.

Parecería innecesario llamarlos al orden, cosa a la que tenemos derecho todos los puertorriqueños que votamos en las elecciones, para que cumplan su promesa sobre estatus, su contrato social sobre estatus. Después de todo se trata de cumplir una oferta de democratizar el proceso y sacarlo de las exclusivas manos de los partidos políticos.