Hasta ahora el debate sobre la posible concesión de la estadidad para Puerto Rico se montaba principalmente sobre el problema de los seis o siete congresistas Demócratas que Puerto Rico elegiría al Congreso de Estados Unidos. En segundo lugar aparecía como un impedimento trascendental el problema cultural, sobre todo el problema del idioma español como idioma oficial y de uso en el gobierno de Puerto Rico.

Como elemento esencial de ambos problemas anteriores se ha señalado siempre la renuencia natural de los Republicanos de allá a meramente considerar la conversión de su país en un estado político plurinacional pues Puerto Rico es una nación, una nación más antigua que la de los propios estadounidenses. Normalmente no se hablaba de la quiebra económica del territorio porque antes de la actual depresión económica Puerto Rico desenvolvía su actividad económica dándoles buena vida a todos los inversionistas, manufactureros, industriales o financieros. Ahora el “territorio” está en bancarrota, con una monumental deuda y con serios problemas fiscales y sociales. Además, en noviembre de 2012 el pueblo rechazó el actual esquema de relaciones jurídico-políticas y el partido de mayoría tiene un compromiso con una Asamblea Constitucional de Estatus que tiene que atender problemas de soberanía política y relaciones internacionales.

Los estadistas han sostenido desde la administración de Carlos Romero Barceló que la estadidad es la salvación de los pobres; que si somos estado lloverán miles de millones de dólares anualmente para beneficiar principalmente a los marginados de este país. Antes de las pasadas elecciones el PNP habló de unas asignaciones federales que excederían los $20,000 millones de dólares si se nos concedía la estadidad, pero hace un par de semanas Pedro Pierluisi bajó el número a $10,000 millones de dólares aun cuando creo que ya tenía en sus manos el borrador del Informe del GAO (Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos) que aclara que las transferencias podrían estar en el renglón de los $5,000 millones. Pero, a pesar de esa transferencia la economía de Puerto Rico se vería totalmente y adversamente afectada con el efecto de la tributación del gobierno federal que impactaría en una suma de alrededor de $2,300 millones de dólares a los puertorriqueños que ahora pagan tributación solamente al gobierno de Puerto Rico.

Los beneficios contributivos que reciben las corporaciones norteamericanas (CFC- Corporaciones de Control Foráneo) que ahora hacen negocios en Puerto Rico desaparecerían, lo que produciría la fuga necesaria de estas corporaciones, principalmente las farmacéuticas y de equipos médicos, que representan aproximadamente el 70% de todas las empresas manufactureras de nuestro país. Los propios expertos del GAO advierten de los peligros del cambio en el sector manufacturero. Además, advierte el estudio que Puerto Rico tendría que reestructurar todo su esquema de contribución sobre ingresos para reducirlo en un momento en que esa contribución representa cerca de dos mil ochenta millones de dólares, una cuarta parte del presupuesto. Más allá del efecto sobre el sector manufacturero se producirá, además, la eliminación del reembolso por el arbitrio federal al ron, que representa para el Departamento de Hacienda 245 millones de dólares al año.

Este informe del GAO era necesario para actualizar las circunstancias que hacen imposible la estadidad. En 1990 esa oficina de la contraloría estudió el asunto de la estadidad y expresó que tal cambio significaría “un salto al vacío”; en el 2014 lo fundamentan implicando que sería un desastre para Puerto Rico. Las verdaderas razones para desatender los reclamos de estadidad no son en realidad de naturaleza económica pero de eso hablaremos en otra ocasión.

La expectativa del informe que examinamos podría haber sido la razón para que Alejandro García Padilla no haya iniciado el proceso que prometió el Partido Popular en su programa sobre la convocatoria de una Asamblea Constitucional de Estatus. Una vez conocido el informe el PPD tiene renovados argumentos de extraordinaria fuerza para combatir esa alternativa en una asamblea debidamente convocada. El Gobernador deberá considerar, necesariamente, que el electorado derrotó el ELA colonial y territorial en el último plebiscito y que ningún delegado en una asamblea de estatus va a derrotar un planteamiento de anexión si la contraparte lo que propone es la colonia que ya fue rechazada.

No hay vuelta posible a un planteamiento de solución de estatus que desemboque en el establecimiento de una relación territorial o colonial. Si el PPD interesa reformar la Ley 600 de 1950 en 2014 para que la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos constituya la base constitucional de nuestras relaciones con ese país, que no se moleste en convocar una asamblea pues este país no está preparado para incurrir nuevamente en ese gran error político. Además, todavía hay sólidos argumentos de dignidad política que proteger: una asamblea constitucional de un país no puede ser convocada para dar nuevamente su consentimiento a un régimen de inferioridad política. La asamblea se convoca para dignificar el país, y habiendo rechazado la colonia, hacer propuestas de auténticas reivindicaciones políticas. La anexión no es una solución, no es una alternativa, y planteada como una reivindicación de pobres y desamparados lo que confirma es que se trata de la culminación de la dependencia y el colonialismo.

Puerto Rico ha ganado una estatura internacional que la mediocridad política oficial se niega a reconocer en Puerto Rico. La región le ha abierto las puertas al desarrollo de una Asamblea Constitucional de Estatus convocada por los puertorriqueños pero aún aquí prevalece el inmovilismo. En 1953, el presidente Eisenhower estuvo dispuesto a negociar con Luis Muñoz Marín un cambio hacia la independencia pero Muñoz prefirió continuar con la colonia por consentimiento. Es difícil aceptar que otra vez Puerto Rico renuncie a luchar por la libertad, la equidad y la justicia en las relaciones con Estados Unidos y el resto del mundo. No es agradable mencionarlo pero ha sido el independentismo el sector que ha vindicado nuestra dignidad política dentro y fuera de Puerto Rico.

Latinoamérica, que es en estos momentos un fenómeno de gobernanza, desarrollo económico y participación democrática que todo el mundo admira, ha consignado su voluntad de auxiliar el proceso puertorriqueño hacia niveles de soberanía política e inserción en el mundo globalizado. Es poco menos que vergonzoso que el americano se vea en la necesidad de recordarles a los anexionistas que ellos no serán bienvenidos, que el pueblo de Puerto Rico lo haga con el PPD rechazando el ELA, y aun así en el PPD no se produzcan movimientos conducentes a una solución procesal que tan amplio apoyo tiene en estos momentos.

Tomado de Claridad