En estos primeros días del mes de noviembre habrá transcurrido un año de la celebración de las últimas elecciones. Resultó vencedor en las mismas el Partido Popular. El programa de ese partido dejó consignado que, “Si en un plazo de un año, la Casa Blanca no ha cumplido con su compromiso, [...]

entiéndase el Presidente no ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para encaminar una consulta en la que Estados Unidos se compromete a acatar en su totalidad la decisión del pueblo de Puerto Rico, el Gobernador impulsará una Asamblea Constitucional para atender el tema del estatus. A esos efectos el Partido Popular se compromete formalmente a legislar para constituir una Asamblea Constitucional de Estatus”. Si el período de un año se entiende desde la fecha de las elecciones del 2012 ya el año transcurrió. Si fue a partir del día 3 de enero le restan aún parte de noviembre y diciembre. La responsabilidad que los electores del PPD asignaron recae sobre el Gobernador.

Podemos concluir que si el Gobernador y Presidente el PPD no se toma la iniciativa de cumplir con el mandato que recibió del electorado intentará llenarlo alguien en la Asamblea Legislativa porque aparte del ejecutivo y el legislativo nadie puede promover legislación en nuestro país. El problema es que es una acción sin consecuencias que se inicie un proceso legislativo que no cuente con el abierto apoyo del Gobernador porque el resultado será que de aprobarse una medida sin su apoyo se enfrentará a su poder de veto. Ésa es la incógnita que permea la legislación presentada hasta ahora.

Tanto en Cámara como en el Senado legisladores del PPD han tratado de cumplir con su responsabilidad de radicar proyectos para forzar el debate sobre el asunto medular que representan las relaciones futuras con Estados Unidas mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus, pero el Gobernador ha guardado un discreto silencio sobre el proyecto que su programa político le obliga a impulsar. El programa de ese partido delegó esa autoridad en el Gobernador y sin decirlo, por innecesario, en el Presidente del partido. Me imagino que Alejandro García Padilla puede estar pensando que este asunto puede esperar en vista de los asuntos tan sensitivos con los que él ha tenido que enfrentarse desde el punto de vista económico, político y social. Desde el año 1940 ése ha sido, fundamentalmente, el pensamiento del PPD; en el fondo “el estatus no está en issue”. Es una manera de pensar entronizada en la conciencia partidaria del PPD.

La diferencia de entonces y hoy estriba en que ahora el pueblo se expresó y rechazó en una consulta que llamaron pomposamente plebiscito pero que de todas maneras fue una expresión electoral, oficial y legítima del electorado. En esa consulta la actual estructura de relaciones con Estados Unidos quedó totalmente deslegitimada. La estructura montada sobre la base de la ley del Congreso 600 de 1950 sobre la que se monta el ELA es obsoleta desde el punto de vista de la mayoría del electorado puertorriqueño. Es obsoleta, además, desde la perspectiva del derecho internacional. Ya no puede existir una discusión racional sobre la legitimidad del ELA ni aun desde la constreñida e injusta interpretación que hicieran los tribunales de Estados Unidos a principios del siglo pasado. La relación es territorial y colonial y debe y tiene que ser sustituida por una relación que sea la expresión libre del Pueblo de Puerto Rico.

Si en la toma de decisiones se continúa dependiendo de la voluntad unilateral del Congreso de Estados Unidos, meramente estaremos sustituyendo un tipo de relación colonial con otro tipo de relación colonial. Por eso el país está rechazando cualquier mecanismo que haga depender el resultado de la voluntad o la iniciativa del Congreso de Estados Unidos. De ahí que nadie haya elogiado la decisión del gobernador de dar la bienvenida a la decisión de Casa Blanca de pedir al Congreso la reserva de 1.5 millones de dólares para un plebiscito en Puerto Rico supervisado por el Departamento de Justicia de ese país. Muchos puertorriqueños entienden como contradictoria y absurda la posición del Gobernador de apoyar la celebración de una Asamblea Constitucional de Estatus con objetivos no coloniales y no territoriales y a la vez apoyar la propuesta de Obama que contempla una intervención federal en el proceso que es de naturaleza claramente colonial.

Resulta claro que si lo que propondrá el Gobernador es una Asamblea Constitucional para mantener la aplicación de la cláusula territorial de la Constitución federal por la vía de la Ley de Relaciones Federales vigente en la actualidad, entonces estará poniendo sus dedos en un avispero pues la mayoría del electorado no favorece fórmulas coloniales o territoriales. Estaría añadiendo mucha debilidad a su gestión gubernamental y eso se pagaría en noviembre de 2016.

Se me ha dicho que asesores del Gobernador reconocen las limitaciones de las alternativas del PPD dirigidas a mantener la actual relación con alguna modificación de carácter cosmético. Ya esa vía la exploraron y fracasaron. Pero lo que más preocupa a esos asesores es que ante la imposibilidad de que Estados Unidos se incline a ofrecer la estadidad como alternativa viable, la única salida decorosa para el PPD sería iniciar conversaciones sobre las posibilidades del ejercicio de la soberanía en las fórmulas de libre asociación o independencia.

De lo anterior se desprende que la encerrona actual del estatus sólo puede resolverlo una asamblea convocada sobre bases democráticas, amplias, donde el protagonista principal y único lo sea el propio Pueblo de Puerto Rico y donde un acto de soberanía política coloque la responsabilidad donde corresponde, y coloque el poder donde corresponde, pues esa asamblea tiene que obrar ejerciendo poderes de soberanía política unilateralmente aunque una de sus determinaciones necesarias lo constituya el emprender con rigor y determinación un proceso de negociaciones para el caso de aquellas alternativas que necesariamente requieren la intervención de Estados Unidos.

Nadie puede negar las deplorables condiciones en que la clase política ha colocado a nuestro país. Resulta repetitivo señalar las áreas donde se manifiesta la amplia crisis. El problema parece ser el negarse a reconocer que uno de los factores que ha incidido siempre en el cuadro de problemas que exhibe nuestro país se remite necesariamente al problema colonial que la clase política se ha negado a enfrentar. Desde 1945 (ONU) se han desamarrado cientos de relaciones coloniales en el ámbito internacional, sustituyendo el colonialismo heredado por relaciones de libertad. En Puerto Rico los partidos insisten en posponer la solución del estatus hasta poder resolver una gama de problemas que el propio colonialismo genera y agrava. En algún momento, espero que la presente crisis lo acelere, llegará el momento de optar, de verdad, por la libre determinación y la independencia.