Es momento de aunar fuerzas para hacer respetar los derechos adquiridos por el magisterio, tras muchos años de esfuerzo y trabajo, a un retiro digno y decoroso, más que merecido y acumulado con sus propias aportaciones.

La manera atropellante en que el Gobernador Alejandro García Padilla ha manejado este delicado asunto y la acción indecorosa de la Cámara de Representantes al aprobar una ley que afecta de forma tan dramática a los maestros y maestras, ignorando sus reclamos, no tiene otra explicación que el sometimiento cobarde del Ejecutivo y el Legislativo a las presiones y amenazas de la agencia acreditadora Moody’s y sus secuaces.

Entre Moody’s y los federales nos están volviendo locos. Tienen al País “entre la espada y la pared”. El pueblo se siente paralizado y amenazado de muerte. La pared de los federales y la espada de la agencia acreditadora Moody’s son los responsables de esta situación. Su negocio ha sido y es sacarle dinero al pueblo de Puerto Rico y defender los intereses de los dueños del capital que se han estado lucrando sin controles, sacándole provecho al empobrecimiento que carcome a los puertorriqueños.

Moody’s empuña la filosa espada que han colocado en nuestro pecho bajo el seudónimo de “bonos chatarra” y los federales con su Tribunal son la pared colonial que nos impide salir de tan angustiosa encerrona. Al imponer a Puerto Rico las Leyes de Comercio Interestatal, de paso pisoteando las nuestras, han trastocado todo nuestro sistema de controles que aun dentro del estrecho margen de la colonia, le permitía al Gobierno regular el mercado local y defender la sobrevivencia de pequeños y medianos comerciantes. Frente a la ofensiva –instrumentada por la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico- de las grandes cadenas multinacionales, pulpos que estrangulan con su capital absentista al comerciante y al consumidor puertorriqueño, el gobierno colonial ha quedado impávido.

Más del 75% de los fondos de inversionistas estadounidenses que se invierten en bonos municipales tienen en su cartera bonos de Puerto Rico. Ahí está la verdadera intención y encomienda del comité de Casa Blanca al venir a Puerto Rico para “asesorar” al Gobernador: salvaguardar y proteger los intereses de los inversionistas de Wall Street en los bonos municipales de Puerto Rico. A esos inversionistas –no a los intereses de nuestro pueblo- es a quienes representa dicho Comité, Moody’s, Standard & Poor y todas esas agencias acreditadoras.

Cada vez estoy más convencido de que hay que declarar una moratoria en el pago a la deuda con los bonistas y quitarnos esa espada del pecho. El Gobierno de Puerto Rico debe $70,000 millones a los prestamistas representados por Moody’s. Pero la realidad es que durante los pasados 30 años el pueblo de Puerto Rico ha desembolsado a dichos usureros más del doble de lo que adeuda, en intereses solamente. Ya es hora de decir basta. ¿Qué nos degradan los bonos a ‘’chatarra? Pues bien. Los usureros subirán los intereses de futuros préstamos. En el peor de los casos, no nos prestarán más dinero. Tengo la convicción de que eso no va a ser malo para el País. Quizás nos sirva de incentivo para controlar en consumismo, estimular el ahorro, ponernos a producir lo que necesitamos y desarrollar una economía endógena menos dependiente y libre de las ataduras y las arbitrariedades de la Corte colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. Todo esto es impensable en una colonia gobernada por gente sin babilla.

Me hago eco de la propuesta esbozada por el Monseñor Roberto González Nieves durante su discurso en conmemoración al día de la bandera puertorriqueña, para que el Gobernador detenga aprobación de la ley que enmienda el Sistema de Retiro de Maestros, nombre un comité de mediación  compuesto por un representante de la Cámara, uno del Senado, un representante de Fortaleza y dos representantes del magisterio, para que utilizando lo aprobado en la Cámara, se proceda a evaluar con serenidad y ponderación las diversas propuestas que existen para sacar del atolladero a dicho sistema de retiro y le sometan al País un informe de consenso con sus recomendaciones.

Como algo que puede hacer el gobierno ahora, aun dentro de la colonia y con un poco de babilla, proponemos al Gobernador y a la Legislatura la siguiente recomendación: que se pongan a la ofensiva, que siempre ha sido la mejor defensa. Que se legisle un impuesto del 10% a las ganancias, repito, las ganancias que obtienen las casas de corretaje en Puerto Rico. Esos fondos serian depositados en los sistemas de retiro, tanto al magisterial, al de la UPR que ya fue amenazado por Moody’s, así como al gubernamental. Con esos millones que se obtendrían de UBS, Santander Securities, Paine Weber y muchos otros manejadores de fondos mutuos se solventaría la crisis sin afectar el bolsillo de los trabajadores a los que les llega la edad del retiro después de haber aportado al país por muchos años. Eso sería lo justo. Y con toda seguridad, se sacarían de encima el chantaje de las casas acreditadoras.