En enero de 1993 hubo en Puerto Rico 104 asesinatos. Pedro Rosselló González había juramentado como gobernador, tras la victoria electoral del PNP en noviembre de 1992.

La reacción del gobernador entrante fue convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para considerar la seria situación y ofrecer soluciones. Dicha sesión se llevó a cabo el 11 de febrero de 1993.

Allí Rosselló ofreció a la Legislatura y al País su propuesta de “mano dura contra el crimen”, o sea, la visión policiaca del enfrentamiento a la violencia y el crimen.

Entre las medidas propuestas por Rosselló estaba la activación de la Guardia Nacional, armar hasta los dientes a la Policía, la aprobación de leyes más punitivas, la construcción de más prisiones, la celebración de un referéndum para eliminar el derecho absoluto a la fianza y aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo y una virtual declaración de guerra al “criminal”.

Se activó la Guardia Nacional, se requetearmó a la Policía, se construyeron nuevas prisiones, se aprobaron leyes más duras, se realizó el referéndum y lo perdió y estamos en guerra desde entonces.

Han pasado 18 años desde entonces.

En enero de 2011 hubo más de 110 asesinatos.

Luis Fortuño y el PNP controlan el Gobierno. Son fieles creyentes de la política de mano dura. Defienden la visión policiaca con gran vehemencia. Son fieles seguidores de lo expresado por Rosselló en su discurso del 11 de febrero de 1993.

La Guardia Nacional está movilizada y acompaña a miembros de la Policía hasta para dar un boleto de tránsito. La Policía está armada hasta los dientes. Realiza acciones conjuntas con el FBI, la DEA y el Homeland Security. El PNP controla el Tribunal Supremo

Muchos de quienes asesinan o quienes son asesinados no habían nacido en 1993, acababan de nacer, o apenas aprendían a caminar.

¿Qué no se ha hecho, o que se ha hecho mal de 1993 a enero de 2011, que nos seguimos matando los unos a los otros—no sólo los de los puntos sino cualquiera de nosotros—?

¿No será que desde un principio se ha aplicado la medicina equivocada, esa que llaman política de mano dura, pues estamos ante un problema que no es meramente policiaco sino profundamente social, económico y humano?

¿No es hora ya de que el Gobierno reconozca la naturaleza real—compleja y diversa— de este problema que nos golpea a todos y todas, y se disponga a asumir la responsabilidad que le corresponde?

¿O se conformarán Fortuño y el PNP con convocar nuevamente a una sesión extraordinaria de la Legislatura?

Por cierto, el número de personas asesinadas entre 1993 y 2010—los años de la “política de mano dura” de Rosselló y Fortuño y del “castigo seguro” de Aníbal—asciende a por lo menos 14,353, según cifras oficiales de la Policía. Las cifras más elevadas son precisamente 1993 (954), 1994 (995) y 2010 (987).