Desde el día 24 de julio, el MINH ha exhortado a las personas a mantenerse en las calles. Un comunicado de 12 puntos emitido por esa agrupación política entonces, contenía exigencias trascendentes tales como la eliminación inmediata de Promesa y de la Junta de Control Fiscal, la auditoría inmediata de la deuda; el nombramiento de los cargos vacantes en el Gobierno «con candidatos y candidatas que asuman estos reclamos, respondan al pueblo y que no tengan vinculación con ninguno de los partidos que se han alternado la gobernanza»...



Todo el gracejo borinqueño ha salido afuera junto con el disgusto, en las protestas que forzaron la renuncia del ya exgobernador Ricardo Rosselló en Puerto Rico... y la sucedieron.

«No te vistas, que no vas», fue la simpática pero lapidaria advertencia formulada contra Wanda Vázquez, ministra de Justicia y eventual sucesora del dimitente, para avisarle de que no se aceptaría su juramentación, cuando ya se sabía que Rosselló se iba.

Lo más importante, sin embargo, no es la originalidad del aviso; ni siquiera, la misma salida de un Gobernador obligado a irse por la reiteración de las manifestaciones en su contra, tras develarse chats con 11 amigos —¡otra vez la «indiscreción» de los diálogos en las redes sociales!— donde vituperaba y se burlaba de sus conciudadanos, y entre los cuales se hallaban mensajes donde asoman hechos corruptos.

En este entramado, lo relevante —porque sugiere la posibilidad de una transformación real en el enfoque de su situación por la sociedad puertorriqueña— es si será valedera la decisión de una parte de ella de no dejarse pasar «gato por liebre» si, yéndose Rosselló, lo remplaza otro personaje de su propia claque.

Los motivos para el hartazgo de malos gobernadores y burócratas corruptos, sobran. Según un estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico que divulgó el diario boricua El Nuevo Día, las estafas contra entidades públicas y privadas costaron unos 1 956 millones de dólares a la economía boricua hasta 2017, y solo ese año el desfalco ascendió a 300 millones, equivalentes al presupuesto de los 78 municipios con que cuenta la Isla.

Mientras el territorio aún no se levanta de todos los daños que le causaron los huracanes Irma y María —y de los cuales se desentendió la Casa Blanca ocupada por Donald Trump—, como se ha visto en los chats develados, la gobernación de Rosselló medraba con las penurias y, lejos de hacer las cosas mejor, proponía la privatización de servicios elementales como la educación, para paliar las nuevas escaseces.  

En el trasfondo está el mal. Los avatares meteorológicos se cebaron en una crisis económica que afloró desde 2006 y la derogación por Washington de la sección 936: la norma que estipulaba beneficios a las empresas que invirtieran en Puerto Rico, y que hizo que la Isla fuera la vitrina deseada por Estados Unidos para mostrar las «bondades» de ser un Estado Libre Asociado.

La crisis que emergió después de-sembocó en una deuda de más 70 000 millones de dólares, contraída por sucesivos gobernadores en San Juan bajo la mirada impasible de Washington.

Y desde 2016, el establecimiento de la Junta de Control Fiscal a tenor con la llamada Ley Promesa, siglas de la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (en español, Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), es la que implementa el ritmo y el cómo los boricuas pagan.

Sin dinero en las arcas y declarado en quiebra, el país quedó a merced de la Junta, que funge como un interventor enviado por la metrópoli, ante el cual, el Congreso boricua y el Gobernador no pintan nada.

Ahora, los denunciados hechos corruptos han acabado de precipitar el enojo y las inconformidades, que tienen suficiente caldo de cultivo. Pero también han catalizado reclamos a tono con la profundidad del problema.

Remplazo complejo

Los puertorriqueños parecieran no querer más de lo mismo aunque sea lo que indiquen sus leyes. Según lo estipulado, al Gobernador le sucede, en caso de renuncia o incapacidad, la titular de Justicia y si no, en este orden, los de Hacienda (Economía), Educación, Trabajo, Obras Públicas, Comercio, Salud y Agricultura.

Para sortear los escollos que impiden cumplir esa línea sucesora por distintos motivos (entre ellos, que hay que tener más de 35 años de edad para ocupar la Gobernación y dos de esos titulares no arriban aún a ella), políticos locales suplicaron a Roselló el nombramiento de un Secretario de Estado que ocuparía su lugar sin necesidad de pasar por aquella línea de mando.

Entonces surgió la nominación de Pedro Pierluisi, cuya aprobación final no se ve clara ni en el Senado puertorriqueño ni en la ciudadanía; sin embargo la empresa privada fue la primera y posiblemente la única en darle un apoyo irrestricto.

Pierluisi es abogado y en calidad de tal ha fungido como asesor de la Junta de Control Fiscal, razón por la cual, para muchos, las referencias de este funcionario gubernamental son muy malas.

Si su propuesta no avanzaba se barajaba la nominación del líder del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Consignas enarboladas en las manifestaciones adelantaron el aparente cambio de mentalidad que hace rechazar ambos nombres entre amplios sectores, y muestran un razonamiento menos coyuntural y menos cortoplacista que conformarse con que se vaya Rosselló; incluso, más exigente que la demanda de que este no sea remplazado por otro de su naturaleza: «No a la Junta de Control Fiscal». «No a una colonia capitalista», fueron algunas de esas nuevas demandas.

La generalización y el mantenimiento de tales reclamos dirá hasta dónde el escandaloso capítulo del más reciente Gobernador servirá para que Puerto Rico demande un real cambio del estado de cosas que atribula a la Isla, o si todo seguirá como hasta hoy.  

¿Catapulta unitaria?

Las protestas han reiterado la combatividad que la población boricua ha sido capaz de exhibir de forma espontáneamente unitaria y que el mundo ya vio cuando, precisamente, el padre de este Rosselló, el exgobernador Pedro Rosselló, quiso privatizar la Puerto Rico Telephone Company en 1997, propósito detenido momentáneamente por una contundente huelga general, aunque finalmente se privatizó como se ha hecho con todos los bienes públicos en Puerto Rico. (Por cierto, expertos boricuas afirman que la venta de la Telefónica resultó en una reducción del ingreso en el Tesoro nacional y otro motivo para que creciera, después, la deuda).

Fue también la protesta social, mantenida por meses en la fórmula bautizada como «desobediencia civil pacífica», la que logró la salida de la Marina de Estados Unidos de la llamada «Isla Nena» (Vieques), de modo que cesaran las pruebas de tiro que tenían lugar allí, y que convirtieron ese territorio en un atolón militar víctima de bombardeos que saturaron de enfermedades a las personas y a la naturaleza.

Más recientemente, los reiterados intentos por privatizar la educación superior han encontrado valladar en la beligerante oposición de los jóvenes universitarios.

Ahora, la importancia de encauzar el malestar hacia lo que realmente lo provoca y dar esa batalla, ha sido entendida por el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), consciente de que poco se resolverá si solo se pasa la cuenta a Rosselló.

Desde el día 24 de julio, el MINH ha exhortado a las personas a mantenerse en las calles. Un comunicado de 12 puntos emitido por esa agrupación política entonces, contenía exigencias trascendentes tales como la eliminación inmediata de Promesa y de la Junta de Control Fiscal, la auditoría inmediata de la deuda; el nombramiento de los cargos vacantes en el Gobierno «con candidatos y candidatas que asuman estos reclamos, respondan al pueblo y que no tengan vinculación con ninguno de los partidos que se han alternado la gobernanza»; un proceso de descolonización que cumpla con los parámetros del Derecho Internacional, y una reforma de la Constitución y una Asamblea Constituyente que elimine la subordinación a EE. UU. en virtud del ELA, entre otros.

A fines de esta semana, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano explicaba mejor dichas posturas al recordar que ni Rivera Schatz (otro personaje del stablishment), ni Pierluisi, podían resultar «una alternativa para el pueblo».

«La Constitución de Puerto Rico deja poco espacio de maniobra al pueblo. No hay referéndum revocatorio, ni elecciones especiales, ni representación proporcional para los partidos de minoría. El artículo VII que provee para una Asamblea Constituyente está atado y limitado por la Ley 600 y la Cláusula Territorial», denuncia.

«Por eso el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano entiende que la única solución es que el pueblo no deje las calles y debe exigir que no sea el PNP (Partido Nacional Progresista, de Rosselló), maquinaria corrupta, el que  decida a espaldas del pueblo, quién es el próximo Gobernador. Que el Gobernador que se escoja tiene que responder a los justos reclamos del pueblo».

Experiencias de lucha, los boricuas tienen. Esperemos.