La alternativa de una junta de control fiscal no es la medida correcta en términos económicos ni políticos para atender la situación fiscal del país; ésta sólo beneficiará a Casa Blanca, al Congreso y a los bonistas.

Así se desprende de la evaluación de dos economistas entrevistados por este semanario acerca de la junta de control fiscal (JCF) que se debate en el Congreso de Estados Unidos.

A preguntas de Claridad, el profesor Santos Negrón Díaz no dudó en apuntar que, en términos económicos, la alternativa de la JCF “tal vez sea la correcta desde el punto de vista de Casa Blanca y del Congreso y de los bonistas, que quieren dictar la pauta y tener control de las decisiones de política económica de Puerto Rico, pero vendría a ser un retroceso histórico inaudito para nuestro pueblo”.

¿Una junta de control fiscal es un ente que abona o desayuda en la negociación de la reestructuración de la deuda?, le cuestionamos.

El economista censuró que el Gobierno de Puerto Rico ha actuado en forma vacilante ante las negociaciones de la deuda, al seguir haciendo peticiones ingenuas e inaceptables para los acreedores de todo tipo las cuales, dijo, están “alejadas de la dura realidad de los mercados de deuda, y todavía prevalece la inexplicable y bochornosa ausencia de estados financieros auditados, el apalancamiento de Puerto Rico en el Congreso es inocuo, se reduce a una actitud suplicante, carente de fuerza para avanzar en tan intrincada madeja”.

Sobre el debate en el Congreso, Negrón Díaz señaló que la actitud de los Demócratas es una benévola, pero refleja en el trasfondo mucha suspicacia ante la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico haga un uso inadecuado de los poderes para reestructurar la deuda y no logre el subsiguiente diseño de un plan de recuperación fiscal y rehabilitación de la economía.

Sobre los Republicanos, Negrón Díaz dijo que su actitud en el Senado y en la Cámara de Representantes es abiertamente recalcitrante, mientras el Gobierno de Puerto Rico ha dado una imagen negativa al ser incapaz de presentar estados financieros auditados lo que ha servido de excusa para “cerrarnos las puertas sin compasión alguna”.

Negrón Díaz, quien fue vicepresidente de la Oficina de Análisis de Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de 1989 a 1995, aun cuando admitió que la nueva entidad fortalecería los procesos de reestructuración de la deuda, reparó que ello “sería a un precio muy alto para el Gobierno de Puerto Rico: la pérdida de la función de agente principal en el proceso, la incapacidad para hacer valer nuestra opinión a la hora de establecer prioridades y líneas de acción que respeten nuestro interés como pueblo, que vayan más allá del simple interés de que los bonistas recuperen buena parte o la totalidad de los balances que les adeudamos”.

A la idea de que la insistencia de una JCF por parte del Congreso es con la finalidad de no tener que acceder a que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebra, Negrón Díaz puntualizó que si no hay apertura alguna a programas financieros directos que ayuden al Gobierno de Puerto Rico a aliviar “la asfixiante y paralizante presión del pago de la deuda, tanto del Gobierno Central como de las corporaciones públicas, la única alternativa válida es la restauración del acceso de Puerto Rico a la citada ley de quiebra.

En cuanto a cómo se podría “armonizar” una junta de control fiscal con la “autonomía” del ELA, Negrón Díaz fue tajante. “Es totalmente incompatible con el grado de gobierno propio y la autonomía fiscal que Puerto Rico ha logrado en su largo y frustrado avance hacia la autodeterminación desde 1898”. Punto seguido, denunció que ha visto recientemente tanto en Fortaleza como en la Legislatura un retroceso en cuanto al rechazo absoluto de tal ente fiscalizador y el avance de una actitud acomodaticia, que parece indicar que se toleraría tal imposición a cambio de un alivio significativo del volumen y los pagos de intereses o servicio de la deuda.

El economista vaticinó que “Si el Congreso decide imponer la Junta a la trágala, sin atender los tímidos reclamos del Gobierno de Puerto Rico, entraríamos a una etapa de grandes batallas constitucionales, ya que sin duda ni a la actual administración ni su oposición política con más probabilidad de triunfo les conviene una actitud supina, sumisa, ante semejante atropello político”.

De la otra cara, señaló que lo irónico de tener una junta de control fiscal impuesta es que llevaría al fortalecimiento de las fuerzas soberanistas e independentistas de Puerto Rico, que encontrarían oportunidad histórica única para combatir, con apoyo de sectores significativos del pueblo, la condición colonial del País, que sería colocada en un extremo de vergüenza e infamia internacional “en un grado mayor y más dramático que ahora, cuando al menos todavía existe un grado, aunque sea limitado, de gobierno propio”, sentenció.

Para Negrón Díaz, “No hay armonía posible entre el ELA y la Junta. Si se le da peso significativo a los intereses del ELA, la Junta se diluye, pierde su efectividad, al no poder tomar las decisiones duras y drásticas que exige la situación actual. Si la Junta asume plenos poderes en el diseño de la política económica, el diseño e implantación del presupuesto y el manejo y pago de la deuda, el ELA queda relegado a un segundo plano, se convierte en un tigre de papel”, recalcó.

Para el veterano economista y profesor no hay margen de duda de que en términos políticos la imposición de la JCF “nos devolvería al estado de indefensión y marginalidad política y económica que tuvimos bajo la Ley Foraker y Ley Jones. Los que defienden semejante oprobio tal vez lo hacen pensando en que es la forma más efectiva y menos dolorosa de resolver el problema económico y la angustia financiera, pero no muestran plena conciencia de que lo significaría tal retroceso en nuestra la lucha por la soberanía y libertad de nuestro pueblo”, concluyó.

Por su parte, el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, no vaciló en prevenir que si se aprueba una junta de control federal como la que propuso el senador Orrin Hatch en diciembre, lo más probable es que venga con la misión de implementar políticas de austeridad severa que agravarán la situación económica de Puerto Rico a corto plazo y prolongarán el estancamiento económico actual.

En esa misma línea, a la interrogante de si una JCF sería un ente que abone o desayude en la negociación de la reestructuración de la deuda, advirtió que una junta diseñada por la mayoría Republicana en el Congreso lo más probable fortalezca la posición de los bonistas que argumentan que el gobierno de Puerto Rico “no ha hecho lo suficiente” en términos de recortes, despidos, etcétera y, por lo tanto, debilita la posición del Gobierno de Puerto Rico de que la deuda es insostenible en estos momentos a menos que sea re-negociada.

Marxuach coincidió con la apreciación de que la preferencia del Congreso por una JCF es para evitar tener que acceder a que la Isla se pueda acoger al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra de EE UU.

“Creo que la mayoría de los Republicanos lo ven así, especialmente en el Senado. El proyecto del Senador Hatch incluía una junta con poderes casi absolutos sobre las finanzas de Puerto Rico y no contenía ningún mecanismo para re-estructurar o renegociar la deuda. Para ser justos, creo que hay otros congresistas (tanto Demócratas como Republicanos) que visualizan la junta de control como una condición a cualquier alivio que se le otorgue a Puerto Rico, ya sea capítulo 9 o un aumento en fondos federales, pero estos son una minoría”.

Al igual, coincidió que ve difícil que se pueda “armonizar” una JCF con el ELA, ya que “cualquier junta, aunque sea sólo una de “supervisión”, implica, por definición, una reducción en el ámbito de acción de todos los oficiales de Puerto Rico a cargo de las finanzas públicas”.

En esa dirección política, coincidió también en que una JCF retrae a Puerto Rico a la Ley Foraker y Ley Jones, si ésta es una con poderes amplios en lo que respecta a la confección del presupuesto y el manejo de las finanzas públicas en general.

“De hecho, este tipo de junta (con poderes amplios) se podría considerar como un ejercicio más burdo del poder colonial que las leyes Foraker y Jones, ya que le estaría restando o quitando poderes que le habían sido transferidos al gobierno de Puerto Rico en 1952, mientras que la Ley Foraker y la Ley Jones, ambas, aumentaron el ámbito de participación de los puertorriqueños (aunque de manera limitada, claro está) en el manejo de nuestros propios asuntos. Por ejemplo, la Ley Foraker estableció  un gobierno civil, quitándole esos poderes al ejército, y estableció la Cámara de Delegados y el  Consejo Ejecutivo; mientras la Ley Foraker, entre otras cosas, crea el Senado de Puerto Rico y elimina el Consejo Ejecutivo”.

Fuente: Claridad